19 de Septiembre de 2018

Opinión

La justicia transicional y todo lo demás

El poder de la pluma

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El equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha planteado vías para la solución a las diversas violaciones a derechos humanos y a la falta de respuesta del Estado por hechos que prevalecen en gran parte del país, con los terribles saldos de violencia que todos conocemos.

Un mecanismo que se ha mencionado es el de la Justicia Transicional. El Centro Internacional para la Justicia Transicional dice que ésta “alude a las formas que países, que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada”.

Esta propuesta hace pensar entonces en reponer procesos que han sido fallidos en casos concretos y señalados por los organismos internacionales, claramente el caso Ayotzinapa o aquellos en los que se ha sabido de hallazgos de fosas que apuntan hacia crímenes masivos derivados del narcotráfico.
Al mismo tiempo, sin embargo, es fundamental fortalecer los sistemas de justicia penal de los estados, la justicia habitual que está entrampada en la implantación de un sistema mejor (el acusatorio y oral), pero que no podrá dar el giro de 180º a la justicia si se sigue haciendo de forma inconexa y con tan pocos apoyos a nivel de los estados.

Es decir, se trataría de aceitar una maquinaria en la que inciden variables tan diversas como presupuesto y capacitación, coordinación y seguimiento, evaluación y tecnología, pero sobre todo un replanteamiento de raíz de la mentalidad prevaleciente en las fuerzas de seguridad y los ministerios públicos de muchos estados.
De manera que, junto con una justicia transicional, es urgente una recomposición del incipiente sistema de justicia penal al que se le ha pedido mucho con poco, un sistema sin suficientes jueces, fiscales, defensores, ni recursos y organismos efectivos para apoyar a las víctimas.

Y aún quedaría pendiente el tema de la prevención y la reinserción, cruciales para la efectividad del sistema de justicia penal. En caso contrario, estaríamos condenados a vivir en una justicia transicional “permanente”.

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