Una gran reflexión obligada es el caso del déficit de jueces que priva, no sólo en Yucatán, sino en varias entidades del país, un tema que se mencionó en el Informe de Actividades del Poder Judicial del Estado, que rindió su presidente Marcos Alejandro Celis Quintal.

El dato para Yucatán, según el índice Global de Impunidad (IGI) 2017 de la UDLAP, es de 2.97 jueces por cada 100 mil habitantes, debajo de la media nacional de 3.9 y muy por debajo de la mundial que es de 16 juzgadores por cada 100 mil habitantes.

Este dato resulta revelador, pero lo es más el hecho de que Yucatán sea un estado con los menores índices de impunidad, comparado con entidades que tienen igual tasa de jueces como Baja California (2.73 por cada 100 mil habitantes), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5) y Tlaxcala (2.82).

Si se miran estas cifras y se combinan con el contexto de austeridad presupuestal y aún más si se piensa en el aumento sostenido que el servicio de impartición de justicia ha tenido en los últimos años (más de 27,000 asuntos iniciados en todas las materias en 2017) puede verse la fotografía completa: hay cosas que se han estado haciendo bien en Yucatán en materia de impartición de justicia, a pesar de las limitantes.

No es casualidad que el Poder Judicial del Estado haya sido el de mejor percepción en el país en 2017, según una encuesta independiente de alcance nacional.

Tampoco es casualidad que, con un mismo número de colaboradores, por cierto con total paridad al ser 63% mujeres, el Poder Judicial haya podido atender la creciente y cada vez más compleja tarea de impartir justicia.

En cuanto a las cifras del IGI, éstas apuntan a otra carencia importantísima: las tasas de agencias del Ministerio Público, donde nuevamente Yucatán se ubica como la tercera con menor número al contar hasta 2017 con 1.27 agencias por cada 100 mil habitantes. Muy diferente situación muestra Yucatán en el caso de sus cuerpos policiacos, donde se ubicó entre los primeros estados que aumentaron su personal operativo.

El tema, sin embargo, es que no puede haber una mejor justicia si no se mejoran TODOS los componentes de la maquinaria de seguridad y justicia, lo que incluye más jueces, más ministerios públicos y, sobre todo, más defensores públicos. Porque un caso no se acaba con una detención, de hecho es ahí donde apenas inicia.