Israel Cárdenas/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó ayer el dictamen de la nueva Ley de Mejora Regulatoria, que tendrá efectos en la administración estatal y municipal para agilizar la apertura de empresas.

La propuesta legislativa que fue enviada por el gobernador Rolando Zapata Bello al Poder Legislativo establece la creación de una Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con el objetivo de dirigir, armonizar y supervisar las actividades inherentes a la prestación de trámites y servicios.

Asimismo, señala que la Secretaría de Administración y Finanzas será la autoridad encargada de aplicar las políticas en la materia para efectuar, entre otras cosas, la elaboración del programa anual de mejora regulatoria y presentarlo a la citada Comisión para su aprobación.

El dictamen avalado por diputados del PRI y del PAN en la comisión de Puntos Constitucionales señala que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Económico, será la autoridad encargada de implementar mecanismos para propiciar la apertura rápida de empresas en el Estado; de la misma forma instruye la creación del Padrón de Trámites y Servicios Estatales con el objetivo de dar a conocer a los particulares los trámites y servicios que proporcionan las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

También establece el Registro único de Personas Acreditadas de Yucatán, para facilitar a los usuarios la realización de algún trámite o solicitud de un servicio estatal, del cual estipula que bastará con registrar en una sola ocasión la documentación, para que las dependencias y entidades de la administración pública estatal reconozcan los datos registrados como válidos para cualquier otro procedimiento. 

También señala que este registro se hará constar a través de una clave de identificación que se les otorgará a los usuarios.
Al respecto, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Celia Rivas Rodríguez, declaró que con esta iniciativa, los organismos públicos estatales tendrán un marco jurídico a la vanguardia en materia de competitividad, la cual impacta en beneficio de la iniciativa privada.