Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- El suicidio de un adolescente ha causado polémica en Yucatán, porque el padre del fallecido alega que la muerte de su hijo no fue autoinfligida sino que se trató de un homicidio.

En su afán de demostrar que su hijo no se mató, Marco Antonio Castillo acudió a un noticiero nacional en el que presentó su versión.

Sin embargo, las autoridades reiteran que el caso fue un suicidio, pues así lo indican las evidencias.

El consejero jurídico del gobierno estatal, Ernesto Herrera Novelo, reiteró que el caso fue una muerte autoinfligida de acuerdo con las dos necropsias practicadas, declaraciones de testigos y peritajes en criminalística.

Entrevista con Carmen Aristegui

Marco Antonio Castillo concedió una entrevista la mañana de ayer a Carmen Aristegui en su noticiario de MVS, en el que exigió al gobierno encabezado por Rolando Zapata Bello que el caso no sea cerrado y se investigue al médico forense Fernando Martínez García, quien determinó el suicidio, pero después no fue reconocido como personal de la Fiscalía General del Estado.

Señaló que vio las imágenes en las que su hijo presentaba heridas en el cráneo y basó su historia de asesinato en que el joven, de 17 años, sostuvo una relación amorosa con una joven de 15 años, con la que tuvo varios problemas y de la que se separó 4 ó 5 veces. 

La novia resultó embarazada y su padre lo obligó a casarse con ella hasta que Felipe descubrió que tenía relaciones sexuales con otra persona, de modo que José Felipe rompió el compromiso matrimonial y pidió prueba de paternidad.

A mediados de julio de 2011, su hijo le dijo que iba a la escuela y ya no volvió. Lo que supo después fue que su hijo se había “suicidado”, lo que le llamó la atención ya que no se notaba deprimido, sino al contrario. “Estaba muy contento y me lo matan”, aseguró.

“Las imágenes (de la muerte) las vine a ver más de dos años después, esto porque la Fiscalía siempre las bloqueó”, aseguró.

Interviene la CNDH

La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) número 34/2013 estableció que la Fiscalía de Yucatán extravió pruebas necesarias para realizar el estudio de criminalística (como el teléfono celular del adolescente y las prendas que vestía) y permitió que otras evidencias fueran sustraídas del expediente.

El padre aseguró que se metió de lleno a la investigación, visitando diferentes procuradurías del país, para saber cómo son capaces de “torcer” una investigación.

“El señor Fernando Martínez García, quien aparece como forense, de acuerdo con la agencia novena del MP, no hay archivo, esa persona no trabaja en la Procuraduría”, señaló, en el sentido de que quien determinó que fue suicidio es una persona que no está registrada como especialista.

Apuntó que el padre de la joven, que había amenazado a su hijo, es “afiliado al PRI, tiene acercamiento con la cúpula priista yucateca”.

Al respecto, Marat Paredes Montiel, segundo visitador de la CNDH, informó (también en entrevista para Noticias MVS, primera emisión) que detectaron violaciones en el trámite y solicitaron que las irregularidades fueran corregidas.

“Reabrimos la investigación y después de varias diligencias, una de ellas en que la Fiscalía se negaba a abrir la necropsia, acepta hacer la renecropsia y se lleva a cabo”, indicó.

No obstante, la CNDH no pudo pronunciarse -porque no está facultada- sobre si se trató de un asesinato o un suicidio.

Caso del gobierno de Ivonne Ortega

También en MVS, Ernesto Herrera, consejero jurídico del gobierno de Yucatán, señaló primero que el caso no pertenece a la actual administración de Rolando Zapata Bello, pero la Fiscalía le dio seguimiento.

“La investigación arrojó que se trata de un suicidio”, sostuvo y refirió el resultado arrojado por el peritaje médico tras dos necropsias, declaración de testigos, así como estudios de criminalística.