MÉRIDA, Yuc.- 'Chamaqueados'... Así quedaron los dos sicarios tabasqueños que apenas ayer lunes confesaron haber asesinado a Emma Gabriela Molina Canto, en marzo pasado.

La confesión se dio como parte del acuerdo de procedimiento abreviado con la Fiscalía para que, tanto Óscar Miguel L. T. como Jonathan M. Á, permanezcan en prisión solamente 18 años a cambio de colaborar con las investigaciones y confesar su participación.

Hoy martes estaba programada la audiencia en la que se formalizaría el procedimiento abreviado contra los dos jóvenes, se les declararía culpables y se fijaría la fecha para la lectura de la sentencia, sin embargo, esto no ocurrió.

En vez de eso, en medio de dicha audiencia los representantes legales de los afectados manifestaron no estar de acuerdo con el procedimiento abreviado, se "echaron para atrás", por lo que con esto se deshizo momentáneamente la posibilidad de la baja condena para Óscar Miguel L. T. como Jonathan M. Á.

El proceso contra estos asesinos confesos continuará y será en los próximos días cuando se dicte el cierre de la investigación.

Aceptaron los cargos

Ayer lunes se llevó a cabo una audiencia en la sala ocho del Centro de Justicia Oral de Mérida, a petición de estos dos sicarios quienes en primera instancia solicitaron hacer unas manifestaciones privadas, mismas que al final se transformaron en declaraciones en las que aceptaron su participación en estos hechos.

A pregunta expresa del juzgador, Ligia Canto Lugo –denunciante y madre de Emma Gabriela- señaló que comprendía el alcance del procedimiento abreviado y que estaba de acuerdo con que se lleve a cabo en los términos pactados, es decir, que sean condenados a 18 años de prisión. Situación con la que ya no estuvo de acuerdo hoy martes.

El juez Mugarte Guerrero explicó que en un juicio oral por el homicidio calificado y la posesión de drogas, Jonathan M. Á. podría alcanzar una sanción de hasta 43 años de prisión, mientras que Miguel L. T. sería condenado a 46 años de cárcel, ya que se le incluiría la portación de armas prohibidas. La reparación del daño sería de un millón 514 mil 329 pesos.