José Salazar/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- En Yucatán, la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal se encuentran en edad productiva, es decir entre 30 y 50 años de edad, lo que impacta directamente en la economía de las familias.

Además de los padecimientos físicos relacionados con la enfermedad, los pacientes con insuficiencia renal se enfrentan a problemas que agravan su situación, como la falta de cobertura del Seguro Popular, lo cual les impide el acceso al tratamiento que tiene un costo mensual aproximado de 250 mil pesos.

Tomando en cuenta que IMSS e Issste atienden al 80 por ciento de la población que padece insuficiencia renal, el restante 20 por ciento queda desprotegido, y en la mayoría de los casos termina falleciendo por falta de acceso al tratamiento.

La insuficiencia renal es la octava causa de muerte en la entidad, en personas entre 40 y 65 años de edad, según cifras del Inegi. En el estado, el IMSS realiza al año 23 mil 832 sesiones de hemodiálisis y otorga alrededor de 50 mil consultas relacionadas con los riñones.

“La mayoría de los pacientes comenta que la atención médica que se les brinda no es de suficiente calidad. El trato tiene que ser más personalizado. Para esto es preciso que el personal de salud se capacite para mejorar su trato y la calidad de la atención; por otra parte, tenemos la falta de cobertura de la insuficiencia renal dentro de los gastos catastróficos del Seguro Popular”, aseveró Jacinto Herrera León, coordinador de Medicina Interna del Hospital General Regional “Lic. Ignacio García Téllez”, del IMSS.

Gasto catastrófico

En este contexto, el año pasado la Secretaría de Salud informó a la Cámara de Diputados que la incorporación de la insuficiencia renal al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) no es posible por el alto costo que esta enfermedad representa, a pesar de que está considerada por el Consejo General de Salubridad como “gasto catastrófico”, cuya cobertura contempla el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.

“Las carencias no se resuelven incrementado el número de doctores ni construyendo más hospitales sino garantizando el acceso universal al tratamiento además de la promoción de las acciones de prevención de las enfermedades renales. Para una familia que no cuenta con la cobertura, el hecho de que tenga que utilizar medicamentos inmunosupresores para el tratamiento de la insuficiencia renal puede representar un gasto mensual de entre cinco mil y diez mil pesos, resultando una verdadera catástrofe que impacta fuertemente en su economía. Y si a esto se le suman los gastos por sesiones de diálisis, el gasto puede ascender hasta 250 mil pesos al mes”, puntualizó.