Poco, casi nada, se habla de la justicia penal en las comunidades indígenas de nuestro país y cómo, en el contexto del sistema penal acusatorio y oral, se insertan estas formas originarias de procurar e impartir justicia. Pero tampoco se toca mucho el tema del respeto a los derechos aplicables a las personas que pertenecen a una etnia cuando están inmersas en un proceso penal.

Por eso, es notable que el Consejo de la Judicatura Federal y los Poderes Ejecutivo y Judicial de Yucatán hayan convocado a un cónclave que gira en torno a este gran tema, que repercute en una parte importante de la población con un alto grado de vulnerabilidad.

La reunión, cuya sede fue el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, se denominó “Primer Encuentro Nacional de Operadores de Justicia Penal Indígena y de Derechos Humanos”, lo que ya dice mucho de este esfuerzo que se realiza por primera vez y en el que se manifestó que las comunidades indígenas son sujetos de derecho competentes y autónomos.

Además, para quienes se reconocen o sean reconocidos como pertenecientes a un grupo indígena y se encuentren inmersos en un proceso penal, sea como imputado o como víctima, hay derechos particulares, tales como contar con intérpretes y defensores que además conozcan su cultura.

En esta reunión participaron jueces de comunidades indígenas y operadores de sistemas penales de los estados de Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Yucatán, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Cdmx, Durango y Coahuila.

Mucho sentido tiene la discusión, ya que en algunas entidades la población indígena representa hasta 50%. Por lo pronto se reconoció que para las problemáticas en el seno de estas comunidades los usos y costumbres pueden ser más eficaces que la justicia del Estado y la urgente necesidad de que las fiscalías cuenten con suficientes intérpretes y traductores para inhibir violaciones a derechos humanos en la secuela procesal.

Igualmente cómo cultura y territorio, conceptos centrales para caracterizar los bienes indígenas, pueden involucrar delitos que afectan a la sociedad en general, tales como portación de arma, trasiego de droga o tráfico de personas.

Se acordó además promover acercamientos entre jueces del sistema estatal y federal y jueces de sistemas penales comunitarios y elaborar una recopilación de resoluciones en el marco de estos sistemas de justicia indígena.