En nuestro país existe, en pleno siglo XXI, una enorme brecha intergeneracional entre regiones y economías, mismas que se reflejan en una marcada desigualdad social, que generan conflictos de índole cultural y étnico entre comunidades e identidades. Es prioritario reconocer que en las estructuras político-económicas del siglo XXI se manifiestan a través de los discursos recurrentes de bienestar y solidaridad social, y no siempre se avocan a resolver los conflictos que internamente se presentan en las sociedades.

Ante esto, las políticas públicas interculturales, a raíz del movimiento zapatista (1994), han procurado abogar por innovadoras estrategias que pudieran ser aplicables en el sector público para solventar las múltiples carencias sociales de los sectores más vulnerables, como por ejemplo las poblaciones indígenas. La visibilidad de este sector se incluyó en la agenda nacional como un derecho constitucional y prioritario. Es así como, bajo dicha condición, se diseñaron nuevos enfoques críticos de inclusión, en los que la participación de este importante sector de nuestra sociedad tiene un papel primordial en la construcción de la nueva agenda nacional. Entendiendo que la Península de Yucatán, al ser una región pluriétnica y plurilingüística, ocupa un lugar relevante en la atención de estos grupos originarios de los que se reconocen alrededor de 20 etnias asentadas en el territorio peninsular, que corresponden a un estrato social importante y requieren una especial atención.

Consagrado en la Constitución de nuestro país, los grupos vulnerables en México, en especial los pueblos originarios, reciben con puntual observancia una atención prioritaria pues, en su toma de decisiones comunitarias, se prevé la consulta libre e informada para definir las políticas públicas y de desarrollo que para ellos convenga. Es por ese motivo que las propuestas de inclusión económica dirigida a estos grupos vulnerables tienen y deben ser referidas bajo consulta previa, abogando debido a que las tomas de decisiones se consensuan, analizan y deliberan bajo el criterio de las comunidades. Lo anterior, conlleva a que toda política pública dirigida a estos grupos sociales deba ser bajo un pleno conocimiento de los perfiles culturales, identitarios, tradicionales, cosmogónicos de los grupos a impactar, y así evitar proyectos de escritorio que no concuerden con la realidad y que vulneren las necesidades más apremiantes, y por ende el equívoco del contexto social.

La interculturalidad, del mismo modo, es vista como un modelo social de inclusión y refiere también el conocimiento de causa, es decir, que la participación comunitaria en la toma de decisiones, el respeto a sus derechos, el reconocimiento a la diversidad étnica, lingüística y cultural como se contempló en líneas anteriores, significa el acto de justicia social que espera toda sociedad para ser incluida y así validar que las políticas públicas dirigidas a ellos son viables, responderán a las necesidades que se requieran y solventarán las necesidades que los planes de desarrollo exigen en las políticas gubernamentales.

*Rector de la Universidad Intercultural de Campeche.