15 de Agosto de 2018

Opinión

Las construcciones en la costa

En fechas recientes nos hemos enterado por diversos medios de comunicación de que...

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En fechas recientes nos hemos enterado por diversos medios de comunicación de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha clausurado diversas obras en la costa yucateca, por no contar, al momento de la inspección, con la autorización de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), situación que nos llama la atención, pues desde hace 4 años se incrementó de manera notable la construcción de predios veraniegos en esa zona. La ley es puntual, y específica claramente las condiciones para realizar alguna construcción en zonas costeras, sobre todo en Yucatán, donde desde 2007 se cuenta con un Programa de Ordenamiento del Territorio Costero que, vale la pena decir, muy poco caso le han hechos los constructores que brindan servicios a quienes tienen el privilegio de contar con un  terrenito en la playa.

Según se sabe, cuando algún particular desea construir en la costa debe realizar una serie de trámites ante la Semarnat para obtener autorización, pero tal parece que estamos regresando a unos años atrás, cuando los constructores ya incluían en sus presupuestos el pago de la multa ante la Profepa, y lo que sucedía era que llegaba esta dependencia, inspeccionaba, levantaba el acta de clausura, el responsable acudía a las oficinas de la Procuraduróa y se ajustaba al procedimiento, pagaba su multa y seguía construyendo hasta terminar su obra y listo, cumplían su capricho de edificar en donde ellos querían y como ellos querían. Desde hace 4 años hemos regresado a esas prácticas.

Esto sucede porque la misma Semarnat no ha asumido su papel de gestor ambiental y ha dado manga ancha a los intereses de los personajes del dinero. La ley federal establece la necesidad de contar con autorización en materia de impacto ambiental que permita a la autoridad coincidir con los promoventes en una adecuada utilización de los predios, respetando sobre todo el entorno y generando el menor impacto posible en la zona, pero se ha dejado que los constructores vuelvan a prácticas de abuso y destrucción del entorno, poniendo por encima la comodidad de unos sin pensar en el daño a muchos. Esperemos que la autoridad ambiental pueda promover la destrucción de las obras que se han levantado sin autorización en zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, para dar una lección y poner un precedente de responsabilidad ambiental y frenar estas viejas prácticas.

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