Candelario Robles/ SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso al Gobierno federal una serie de “medidas urgentes” para preservar el atractivo del país y hacerlo más competitivo ante la Reforma Fiscal en Estados Unidos, ya que preocupa que estas modificaciones impacten la rentabilidad de las empresas locales y que los inversionistas extranjeros opten por el vecino país en lugar de la entidad.

El dirigente local de la Coparmex, Gustavo Cisneros Buenfil lamentó que estas medidas no se hayan adecuado al sistema fiscal de México, por lo que se plantearon seis medidas urgentes a nivel nacional.

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“Estas medidas urgentes sólo requieren de voluntad política, mediante la implementación de un Decreto Presidencial para autorizar los siguientes estímulos a partir del 1 de enero de 2018, para enfrentar el nuevo marco normativo fiscal de Estados Unidos”.

Entre las propuestas mencionó la deducción plena de prestaciones laborales y comentó que no poner atención a este punto ha incrementado la informalidad en la entidad y en el resto del país.

“De acuerdo con los estudios de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC), el tope a la deducibilidad de prestaciones que entró en vigor en 2014 ha generado un incremento en el costo de la nómina que oscila entre 3% y el 8%. Aumentar los costos laborales no es la política adecuada para revertir el empleo informal”.

Cisneros Buenfil añadió que también piden restablecer la deducción plena al 100 por ciento de las aportaciones efectuados para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social.

En este sentido, explica que las modificaciones que se hicieron en 2014 a la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), en que con un límite para efectuar la deducción parcial de dichas a portaciones, en un 47% o 53%, “se ha traducido en una disminución del ahorro de los mexicanos”.

Otros puntos que exige son: eliminar los efectos negativos de la retención definitiva de ISR del 10% por pago de dividendos a personas físicas; deducción inmediata de inversiones; acotar facultades discrecionales y dar continuidad al programa de repatriación de capitales.