12 de Diciembre de 2017

Opinión

Normatividad ambiental

¿Cumplen las leyes mexicanas con proteger el medio ambiente?

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La normatividad ambiental en México ha jugado un papel muy importante para la regulación de las actividades de desarrollo; sin embargo, se han presentado serias omisiones y los promoventes de proyectos en ese ramo han burlado muchas disposiciones de los dictámenes.

En nuestro país ha habido un desfase entre la emisión de la legislación ambiental y la creación de instituciones que tuvieran como prioridad la aplicación de esta legislación. La primera ley mexicana sobre la materia fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, publicada en 1971, cuya administración estaba a cargo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. El 11 de enero de 1982, se publica la Ley Federal de Protección al Ambiente y cinco años más tarde, el 28 de enero de 1988, se emite a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual era aplicada y administrada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) por conducto del Instituto Nacional de Ecología (INE).

En 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), con lo cual se integran bajo el mismo sector los recursos naturales, la biodiversidad, la atención a los residuos peligrosos y a los problemas ambientales urbanos e industriales, cambiando de nombre años más tarde para ser lo que hoy conocemos como Semarnat al pasar el área de pesca a la Sagarpa.

Si bien las leyes son para normar las actividades también sirven de termómetro para medir la responsabilidad de los ciudadanos hacia la conservación y cuidado del medio ambiente. Contamos también con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que regula la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas y su sustentabilidad.

Otra ley cuya observancia y respeto son determinantes es la Ley General de Vida Silvestre, cuyo objetivo es establecer la concurrencia del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales y municipales en la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en todo el territorio nacional.

Yo le invito amigo y amiga lectores a consultar esta normatividad y a que juzguen si los grandes desarrolladores están cumpliendo o no la ley, pero sobre todo si los funcionarios responsables de administrar los recursos naturales están haciendo bien o mal su trabajo. Ese tema lo abordaremos la próxima semana, saludos.

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