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MÉRIDA, Yucatán.- La fundación “Open Society Justice” entregó al Gobierno del Estado los avances del análisis que sus expertos realizan para determinar la eficacia de la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en Yucatán, primer ejercicio de este tipo que se efectúa en México con el objetivo de apoyar a otras entidades federativas y países en su tránsito hacia este nuevo modelo.

El titular del Poder Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, recibió de los especialistas, encabezados por el director del programa Robert Varenik, el esquema que se utilizará para estudiar las acciones del Sistema en cuanto a delitos penales del ámbito sexual, contra la vida, la integridad, la salud, así como por lesiones y robo a casa habitación.

“Reconozco la importancia de esta alianza que nos ha permitido trabajar de cerca durante un año en la tarea de analizar a profundidad los procesos en los que interviene el nuevo Sistema de Justicia Penal. Con los resultados nos tocará hacer nuestra tarea en la construcción de políticas públicas que refuercen o ajusten dichos procedimientos en beneficio de los ciudadanos”, expresó el mandatario estatal.

Añadió que la medición dará una lectura más eficaz de los datos para otorgar a la población acciones que impacten en una impartición de justicia respetuosa de los derechos humanos y en la preservación de los índices de seguridad en la entidad.

En su intervención, el secretario Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en materia de Seguridad y Justicia, Gabriel Zapata Bello informó que las gráficas finales, producto de la recopilación y el estudio que se realizan, serán presentadas a las autoridades el próximo mes de septiembre.

Por su parte, Varenik adelantó que las variables examinadas hasta el momento revelan que la aplicación del Sistema ha aumentado las medidas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación o el otorgamiento de perdón, y además ha reducido los tiempos de sentencia.

Cálculos confiables

• El análisis permitirá arrojar cálculos confiables, visualizar gráficamente los resultados y, en su caso, tomar decisiones basadas en los datos correspondientes.

Magistrados escuchan a la Barra de Abogados 

Por otro lado, a solicitud de los representantes de la Barra de Abogados de Yucatán, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeras y consejeros de la Judicatura del Estado sostuvieron una reunión ayer en la mañana para escuchar los planteamientos de esta agrupación, sobre temas que inciden en la resolución de casos en los juzgados.

El magistrado de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Rivero Evia y la magistrada presidente de la sala penal de este máximo órgano, Ligia Aurora Cortés Ortega, expresaron a los abogados su apertura y voluntad para atender sus consideraciones, con el fin de que la impartición de justicia sea cada vez más eficaz, en bien de los ciudadanos.

El presidente de la Barra de abogados de Yucatán, William Acevedo Azarcoya, señaló, mediante la lectura de un escrito, sus “apreciaciones relativas a la administración de justicia, que se imparte específicamente en los juzgados civiles, mercantiles, pero principalmente en los familiares” y también hizo una serie de propuestas de ese grupo colegiado, para resolver algunos de los problemas expuestos.

Al comentar las observaciones que se hicieron a lo largo de la reunión, la magistrada presidente de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, Mygdalia A. Rodríguez Arcovedo explicó que los amparos concedidos por la justicia federal en temas familiares han obligado a los jueces a hacer investigaciones más profundas, para poder estimar los ingresos de los obligados cuando se trata, por ejemplo, de pensiones alimenticias, lo que alarga los procesos y el tiempo para la toma de decisión del juez.

Con respecto a la ética y el comportamiento de los jueces, otro de los temas planteados, dijo que sus opiniones serán valoradas, pero también expuso que en ocasiones los litigantes caen en actitudes de falta de respeto a la autoridad judicial o tratan de presionarla cuando las decisiones no les favorecen.