25 de Septiembre de 2018

Opinión

¿Por qué el pueblo tiene que pagar?

Los niveles apoteósicos de corrupción que alcanzaron Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Guillermo Padrés Elías, de Sonora, y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, en su momento gobernadores constitucionales en sus respectivas comarcas prueban que el modelo de administración pública en México fue superado por el insaciable apetito de riqueza de los ungidos y las refinadas artes de los alquimistas de la contabilidad y las finanzas...

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Los niveles apoteósicos de corrupción que alcanzaron Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Guillermo Padrés Elías, de Sonora, y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, en su momento gobernadores constitucionales en sus respectivas comarcas, prueban que el modelo de administración pública en México fue superado por el insaciable apetito de riqueza de los ungidos y las refinadas artes de los alquimistas de la contabilidad y las finanzas para maquillar el incalculable latrocinio de estos.

Hasta ahora ha salido a la luz pública parte del multimillonario despojo cometido por los funcionarios de más alta jerarquía en las entidades federativas, pero la rapiña se dio en todos los niveles y a diferentes escalas. El daño al erario público va más allá de lo imaginable para el ciudadano común.

Hablaba del modelo este… el de la administración pública con sus candados, filtros, mecanismos y demás, creados e injertados a través de entes fiscalizadores para impedir que quienes tienen acceso al tesoro terminen con él en su hacienda personal.

Caray, aquí me vino a la mente Indiana Jones en cualquiera de sus aventuras setenteras, rescatando alguna reliquia luego de sortear todo tipo de trampas y trucos para eliminarlo en el intento. “Cazadores del arca perdida” (Raiders of the lost ark) sería un buen título para el episodio que hoy vive el país… si hubiera hombres valientes en el gobierno o cerráramos filas los de la sociedad civil.

Los personajes que cuento al inicio de esta prosa son los que conocimos a través de los medios de comunicación que, misteriosamente (jajajaja), callaron durante el periodo del poder y luego, ya debilitados los protagonistas, se han hartado de publicar la rapacidad de cada uno de ellos.

Les decía que el modelo de la administración pública en México quedó agotado, y eso fue hace mucho tiempo.

A partir de esta idea sobre el colapso en el sistema de manejo de los dineros públicos, busqué en la web datos sobre el tema y me encontré con un trabajo de Alejandro Carrillo Castro, licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública, ambos títulos otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que además cuenta con un maratón de experiencias laborales al más alto nivel.

De la exposición hecha por este erudito en materia, desprende que el 80% del modelo de administración pública actual, probablemente copiado a los gringos, sigue siendo el propuesto por el entonces recién electo presidente de México, Venustiano Carranza Garza, en el año de 1917. Este se basó en la conformación de dos tipos de dependencias: secretarías de estado y departamentos administrativos.

Adiciones sustanciales llegaron de la mano del general Lázaro Cárdenas del Río, en 1937, con la creación de empresas públicas y organismos descentralizados que, entre otros efectos, provocó una erogación cercana al 50% del presupuesto de la Federación.

Con José López Portillo (1976-1982), nació la Ley Orgánica de la Administración Pública y se creó el concepto de dependencias globalizadoras y coordinadoras de sector.

Para antes del año 2000, terminaron por eliminar las secretarías de estado y departamentos administrativos, base del modelo carrancista de 1917.

Hoy, apunta Alejandro Carrillo Castro, están naciendo una serie de organismos que ni son departamentos administrativos ni son organismos descentralizados que dependan del Ejecutivo o que tengan la supervisión de este y se está gestando un nuevo modelo, sin que alguien hable de él, donde ya no hay categorías de análisis que permitan explicarlo como tal.

Muy bien. Pero mientras el gobierno determina qué hacer, somos los ciudadanos los que tendremos que pagar por el saqueo perpetrado al erario público que, en el caso de Quintana Roo implica muchos miles de millones de pesos más de los que Félix González Canto y Roberto Borge Angulo acumularon como deuda.

Todos los días aparecen datos nuevos sobre desfalcos en secretarías, organismos y todo ente donde hubiera acceso a recursos públicos… y todo tendremos que pagarlo usted, yo y hasta nuestros nietos. ¿Cómo? Con inventos tales como el canje de placas, pago de derechos al doble y nueva carga tributaria.

Pero además, se verán recortados programas sociales, inversión pública, becas y demás apoyos a distintos sectores de la población.

Pagaremos por el escarnio que de nosotros hicieron los quintanarroenses que elegimos para llevar la administración pública, la misma ofensa que cometen hoy los diputados locales que aseguraron estar del “lado del pueblo” durante su campaña, personajes tan insignificantes ayer y que hoy se asumen poderosos a partir del dinero que obtendrán por hacer mero circo. Por eso afirmo, no solo que el modelo de administración pública está agotado. Los mexicanos sostenemos un sistema político inservible que nos está matando poco a poco.

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