Israel Cárdenas/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- La comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado aprobó ayer por unanimidad del PRI y del PAN el dictamen de la nueva Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, que permitirá, entre otras cosas, que los yucatecos podrán modificarse el rostro y cambiar toda su identidad y documentación cuando estén en situación de riesgo para su vida.

Esta es la primera iniciativa que se aprueba de un total de diez y además hay dos decretos, todo ello enviado por el gobernador Rolando Zapata Bello como parte del paquete legislativo del programa Escudo Yucatán que presentó la semana pasada.

Al respecto, el presidente de la comisión de Justicia, Daniel Granja Peniche dijo que el objetivo de la iniciativa es garantizar la protección de las personas que intervienen en el proceso penal cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro.

Dijo que podrán solicitar esta protección aquellas personas que puedan verse en una situación de riesgo para su vida o integridad física o psicológica, por haber participado en la investigación o en el proceso penal o, aun sin haber participado, tengan una relación parental o afectiva con un interviniente y compartan con este la misma situación de riesgo; independientemente de si su participación fue de víctima, ofendido, testigo, perito, policía, defensor, fiscal, juez o mero colaborador.

El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que la Fiscalía General del Estado será la autoridad responsable de la aplicación de la nueva ley que establece la creación de un catálogo de medidas de protección que permite, entre otras cosas, la intervención quirúrgica para modificar rasgos físicos de la persona cuando pueda verse en situación de riesgo de para su vida, asimismo el cambio de identidad y la documentación que le acredite, el cambio de domicilio, ya sea en territorio estatal, nacional o fuera del país; entre otros que se muestran en gráfico adjunto.

Daniel Granja explicó que en caso de que se otorguen las medidas de protección, la Fiscalía General del Estado deberá celebrar un convenio con la persona protegida que contenga lo siguiente: la manifestación de voluntad de la persona a someterse a las medidas de protección; las medidas de protección, sus alcances y su duración; las obligaciones a las que se sujeta la persona protegida; y las condiciones de terminación de las medidas de protección.

Sobre este punto, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Barrera Zavala manifestó que “me parece que es una ley que traerá beneficios al estado. Esta protección a testigos a través de esta ley repercutirá en que la gente vuelva confiar en las autoridades, en este caso judiciales”.

Por su parte el diputado por el partido Nueva Alianza, Ángel Burgos Narváez manifestó que “es un dictamen que armoniza la ley local a la federal, algo que teníamos como un rezago, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es buscar la garantía de que concienticemos a la ciudadanía de que la denuncia al delito es el camino para evitar el delito. Ha pasado que muchas veces no se denuncian las cosas por temor a las represalias que pudiera ser por quien comete el delito”.

Homologación

• La citada iniciativa aprobada ayer en comisiones del Congreso local busca homologar al estado a la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2012.