MÉRIDA, Yucatán.- En el Estado el “turismo electoral” hacia Quintana Roo es un asunto grave que debe preocuparnos, dijo ayer Santiago Nieto Castillo, titular nacional de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), quien precisó que ya dictaron 38 sentencias condenatorias contra ciudadanos yucatecos que incurrieron en dicho delito, además de girar un total de 351 órdenes de aprehensión.

El funcionario federal agregó que también se han girado siete sentencias absolutorias al comprobarse que fueron engañadas por los partidos políticos para movilizarlos de Yucatán hacia Cancún, “son gente pobre” que viven en comunidades rurales y en muchos de los casos no les pagaron lo que les prometieron: trabajo y dinero, entre otros aspectos.

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“Por tanto, lo que busca la Fepade no es criminalizar la pobreza, no es ejercer acción penal contra los pobres que fueron usados, sino encontrar a los instigadores. Las personas generalmente pagan su libertad bajo caución y siguen el proceso en libertad, cuando viene la sentencia condenatoria o el procedimiento abreviado o la suspensión provisional del proceso, terminan pagando una multa”.

Nieto Castillo encabezó ayer en Mérida un convenio de colaboración entre dicha institución, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y el Tribunal Electoral del Estado, en materia de capacitación, difusión y divulgación.

Al hablar sobre los casos de “turismo electoral” de Yucatán hacia Quintana Roo, precisó que “en este momento hay muchas órdenes de aprehensión que están pendientes de que se determinen por parte de los jueces de procesos penales sobre si se libran o no, hay inclusive otros casos en los que se negaron las órdenes de aprehensión y están en apelación, y tenemos en este momento 49 averiguaciones previas y 20 carpetas de investigación por datos de domicilio irregular”.

En este sentido afirmó que el turismo electoral es un “asunto grave que debe preocuparnos”, ya que hay casos de ciudadanos yucatecos hacia Quintana Roo y de regreso, por ello el objetivo del convenio es propiciar el respeto de las leyes y el proceso electoral, de cara a la jornada del 1 de julio de 2018.