Luis Fuente/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- En el inicio del juicio oral en contra de Roberto N (a) “La Gallina” –operador del Cártel de Sinaloa en el sureste mexicano-, los fiscales federales solicitaron que se le aplique la sanción de más de 41 años de prisión por el delito de portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En la audiencia en el Centro de Justicia Oral Federal de esta ciudad, el contacto con el acusado fue mediante una video conferencia, ya que Roberto está recluido en un penal de máxima seguridad en el estado de Guanajuato, a donde fue transferido por un tribunal de Chiapas, donde es procesado por el homicidio de dos mujeres.

En este asunto de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, también es enjuiciado Miguen Ángel N, a quien los fiscales federales pidieron una pena corporal de más de 33 años.

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En este asunto hay un tercer implicado de nombre Romeo N, pero está en calidad de prófugo, pues no cumplió con los requisitos que se le pidieron cuando obtuvo su libertad provisional el año pasado.

La juez primero de distrito especializado en el sistema penal acusatorio Gloria Margarita Romero Velázquez es quien lleva esta audiencia en la que comparecerán los policías aprehensores, agentes investigadores y peritos ofrecidos por los fiscales federales, mientras que por la defensa lo harán familiares de estos dos acusados.

En sus alegatos de apertura, los fiscales señalaron que demostrarán más allá de toda duda  razonable, la prepotencia de los acusados para evitar su arresto y que estaban en posesión de cinco armas, dos largas y tres cortas de calibres de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como de 65 cartuchos útiles para ellas, chaleco tácticos y pasamontañas.

Las armas aseguradas son un fusil 7.72, una carabina semiautomática .223, dos más calibre 9 mm., y una pistola escuadra .45, esta última la tenía Roberto en su cintura y las demás en un bulto entre los dos asientos delanteros de la camioneta en la que viajaban. También se les confiscaron 65 cartuchos útiles de las diferentes armas que portaban.

Por su parte, la defensa señaló que demostrarán que el arresto no se dio en el lugar que dicen los fiscales federales y que los policías aprehensores estaban fuera de sus funciones debido a que sus credenciales estaban vencidas.

Además, señalaron que  se violaron los derechos humanos y la dignidad de sus patrocinados, ya que no los pusieron de manera inmediata ante la autoridad ministerial más cercana al lugar de los hechos.

En la causa penal de este asunto se menciona que en los primeros minutos del 26 de enero de 2017 Roberto y sus dos coacusados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en un puesto de control instalado en la salida de Tizimín a Mérida, cuando en una camioneta Hilux, placas YR00871, que está registrada a nombre de una empresa agropecuaria propiedad de este sujeto, señalado por las autoridades como operador del Cártel de Sinaloa en el sureste mexicano, donde se les decomisó dos armas largas y tres pistolas, así como 65 cartuchos útiles de diferentes calibres, chalecos antibalas y pasamontañas.