Patricia Itzá/SIPSE

Mérida, Yuc.- El informe del grupo de trabajo para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Yucatán arrojó la necesidad de proveer más recursos para evitar y, en su caso, reparar agresiones contra las mujeres, además de reabrir denuncias “congeladas”.

Ello es parte de diez puntos en los que el Gobierno del Estado tendrá que trabajar en los próximos seis meses pues de no cumplir con lo solicitado en el tiempo estipulado, la Alerta se activará de forma automática.

Con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el documento que está siendo analizado por el Gobierno del Estado, indica que un número significativo de casos relacionados con delitos perpetrados contra yucatecas están inconclusos.

Además, aquellos asuntos judicializados y con sentencia, en su totalidad no contemplan una reparación integral del daño con perspectiva de género, de conformidad con los estándares internacionales en esa materia.

Por ello el reporte propone adoptar todas las medidas que sean necesarias por parte de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para garantizar que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia casos de feminicidios y homicidios dolosos, respetando una perspectiva de género, interculturalidad y Derechos Humanos.

Respecto a los casos considerados “en reserva”, se propone revisar las posibilidades de reapertura de los mismos, teniendo presente, en todo momento, la obligación de investigar “ex officio” y con la debida diligencia, la cual tendrá alcances adicionales cuando se trata de féminas que sufrieron muerte o maltrato.

También se detectó que existen “ciertas” deficiencias en las políticas públicas y acciones debido a la falta de asignación presupuestal, por lo que se considera que el Gobierno del Estado y el Congreso estatal deben destinar más dinero para atender la problemática.

Del presupuesto de este año, que fueron más de 39 mil millones de pesos, sólo se destinó un 2% -poco más de 700 millones de pesos- para programas dirigidos al cumplimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Sin embargo, el grupo de trabajo no especificó cuánto se debería aumentar.

Se sugirió algún tipo de reasignación presupuestal.