MÉRIDA, Yuc.- En la entidad, las cárceles “rebosan” de internos que cometieron ilícitos considerados menores, de hecho, 433 personas purgan condenas por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y la entidad lidera en el país en reos por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, con 105.

En contraparte, hay en las cárceles yucatecas 121 personas por homicidio y 83 por violación, de una población de más de dos mil 900 reclusos, lo que indica que los centros de readaptación ya operan casi al tope de su capacidad.

Por primera ocasión, el Inegi levantó el estudio denominado Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016, en el que señala, entre otros datos, la presión que recibieron los reclusos para admitir su culpa por el delito que se les imputaba, así como agresiones y hasta ser víctimas de corrupción en el centro penitenciario.

En el caso de Yucatán, el 39.3 por ciento de los reclusos, es decir, cuatro de cada 10, padecieron o fueron víctimas de actos de corrupción en el interior del penal, y el principal delito por el que están tras las rejas es el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

Al ser una población variable, se estima que, en promedio, hay poco más de dos mil 900 reclusos en Yucatán, y se tiene una capacidad disponible hasta para 63 más, es decir, la población penitenciaria está casi a tope.

Dicha población está distribuida en cuatro centros penitenciarios: el de Mérida, con capacidad de hasta dos mil 561 reos; Valladolid, con hasta 156; Tekax, con 146, y el femenil, también en Mérida, con cerca de 100.

Irregularidades

El “sentir promediado” de los reclusos, según la Enpol, es que casi seis de cada 10 reos aseguran que al ser arrestados fueron incomunicados o aislados, cinco de cada 10 fueron amenazados con levantarles cargos falsos, casi el mismo porcentaje fue despojado de sus prendas de vestir.
Además, cuatro de cada 10 fueron atados, y casi en el mismo promedio están quienes les vendaron los ojos o les cubrieron la cabeza, lo presionaron para denunciar a alguien o fue sofocado para impedirle la respiración.

Un promedio menor, pero no por ello menos grave, es que tres de cada 10 afirmaron haber sido amenazados con hacerles daño a sus familias, y uno de cada 10 aseguró que algún miembro de su familia fue dañado.

Este apartado nombrado como “situaciones de violencia psicológica al momento del arresto” refleja también promedios de agresión física al momento del arresto, en donde las dos agresiones más importantes es de patadas o puñetazos y golpes con objetos, con registros de seis y cuatro de cada 10.

A nivel nacional, según promedios, por cada 100 mil habitantes que tiene Yucatán hay 63 personas que han sido privadas de la libertad, promedio menor comparado con Campeche, que tiene a 149 por cada 100 mil, y Quintana Roo, con 213 por 100 mil personas.

Respecto al problema de la corrupción, el Inegi indica que por cada mil reclusos, Yucatán tiene 314 que aseguran haber sido víctimas de ella, ya sea durante el arresto, ante el Ministerio Público, durante el Proceso Judicial o en el centro penitenciario.