El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, ofreció una disculpa pública a los integrantes del Poder Judicial “que se la merezcan”, por sus declaraciones del 21 de mayo, cuando cuestionó la actuación de los jueces y dijo: “parece que el enemigo está entre sus integrantes”. El titular de la Semar participó el miércoles en la inauguración del Primer Taller Interinstitucional Actualización sobre el sistema de Justicia Penal, organizado por la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, para personal de la Armada, evento ad hoc para limar asperezas, si las había. 

“Quiero dejar en claro mis declaraciones de hace algunos días, en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir (sic) una disculpa pública a quien se lo merezca. Porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social”, afirmó el almirante de cuatro estrellas ante el presidente de la SCJN y del CJF, Arturo Zaldívar, y representantes del Poder Judicial. Y, como Copérnico, agregó: “Pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo. Por eso me atrevo a pedir (sic), repito, una disculpa pública, a quien se lo merezca”. (Los sic son de la prensa, pues lo correcto es ofrecer una disculpa). 

El mando naval enfatizó que lo que buscan ambas instituciones es “la justicia para todos nuestros conciudadanos”, y como réplica Arturo Zaldívar garantizó que ni la Semar ni el Poder Judicial están enfrentadas. “Tenemos la misma finalidad, estamos del mismo lado, tenemos funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas”, afirmó en la Escuela Federal de Formación Judicial donde elementos de la Armada recibirán capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal, que incluye el protocolo de detenciones y puestas a disposición de la autoridad judicial. 

El presidente de la Corte dijo que durante el taller habrá un diálogo constructivo, “en el que tenemos la apertura para escucharlos, para tratar de entender qué enfrentan ustedes (los marinos) todos los días, ante una delincuencia cada vez más violenta y más desafiante, este diálogo no puede ser un ejercicio teórico, tiene que ser un ejercicio que a partir de la teoría lleve a soluciones prácticas sin violentar los derechos humanos”. 

Hasta aquí, bien la posición de ambos funcionarios que permiten avanzar en uno de los temas más sensibles con que se cuestiona la actuación no sólo del Ejército y la Armada en la lucha contra la delincuencia organizada y su rol en tareas de seguridad pública, sino también a las policías del país que están en la primera línea de las detenciones preventivas. Yucatán, concretamente Mérida, atraviesa por una crisis en ese sentido, a pesar de las políticas sobre derechos humanos aplicadas en las fuerzas armadas y la capacitación a los cuerpos policiales. 

Sin duda un tema muy complejo, de ahí que, como se mencionó en el encuentro Ojeda-Zaldívar, se aborde de forma interinstitucional “para optimizar el desempeño del personal naval en las misiones que se le encomiendan tanto en el mar, en el aire y en la tierra”.

Anexo “1”

Abusos militares

El reporte 2021 de Human Rights Watch, en el apartado “abusos militares”, señala que México ha utilizado activamente a las fuerzas armadas en acciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo cual ha propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos, y que entre 2014 y 2019, la CNDH recibió aproximadamente tres mil denuncias relacionadas con presuntos abusos militares.

En mayo de 2020, el Presidente encomendó formalmente a los militares que asistieran a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública y actualmente están habilitados legalmente para detener a civiles, preservar escenas del crimen y proteger evidencias. El informe se HRW afirma que “durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos”.

En este tenor, en 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar para exigir que los abusos de militares contra civiles sean juzgados en la justicia penal ordinaria en vez de en la justicia militar. Sin embargo, los esfuerzos por lograr justicia siguen siendo infructuosos, considera el organismo internacional.

Hay, sin duda, un largo camino por recorrer en este tema.