Siempre se nos ha dicho que la educación es la mejor arma para enfrentar la vida con mayor seguridad y llegar a ser hombres y mujeres de bien. Muchos de los que nos forjamos en la cultura del esfuerzo lo hemos comprobado y tratamos de inculcarlo a nuestros hijos.

Pero tal parece que desde hace varios sexenios los gobiernos van a contracorriente de esta premisa, a pesar de que las diversas evaluaciones nacionales e internacionales (como Enlace y Pisa) han colocado al país en niveles muy bajos de aprendizaje desde hace varios años. 

Pese a ese panorama, el pasado martes, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron las modificaciones del programa "La Escuela es Nuestra" y con ello la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC). El Acuerdo 05/02/22 de la Secretaría de Educación Pública señala que se eliminan definitivamente de sus reglas de operación, pero no los beneficios, que se verán sometidas a las nuevas normas de funcionamiento.

Este programa de Escuelas de Tiempo Completo inició en 2007 con 441 planteles de educación básica (el 9% de ellas en zonas de alta marginación) y para 2018 había registradas más de 27 mil en todo el país, según datos del Coneval.

En Yucatán llegaron a funcionar 600 y en Quintana Roo, más de 300. Su objetivo estaba orientado a fortalecer la educación básica para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero de la Constitución: que el Estado garantice la calidad en el sistema obligatorio proveyendo materiales, métodos, organización e infraestructura escolar y que la idoneidad de los docentes garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

¿Qué se hacía en estas ETC? Alrededor de 3.6 millones de estudiantes recibían de 3.5 a 4 horas extra de aprendizaje. Su objetivo era "optimizan el tiempo escolar para reforzar las competencias en lectura y escritura, matemáticas, arte y cultura, recreación y desarrollo físico, así como los procesos de la inclusión y convivencia escolar".

Los alumnos tenían un recreo de 30 minutos y además se les proporcionaba alimento gratuito. Todo este esfuerzo, que comenzó a debilitarse desde el 2019 al asignar menos recursos al programa, finalmente acabó.

Si ya la pandemia de coronavirus provocó un grave retroceso en la educación –lo cual ha sido admitido por la SEP–, cancelar las ETC no es la mejor decisión cuando apenas inicia el regreso total de los estudiantes a las aulas para clases presenciales.

Esta medida se suma al cierre de estancias infantiles desde hace tres años, lo que también significó otro golpe, particularmente para las madres trabajadoras.

Por lo pronto, ya hay voces de maestras y maestros (los que realmente cumple con su noble misión de preparar a las generaciones futuras), padres de familia y especialistas en la materia dispuestos a evitar que se dé otro paso atrás en la educación.

La apuesta debe ser por la educación, ya que es la única forma de lograr un mejor futuro para la niñez y juventud, para la sociedad y para nuestro país.

Anexo “1”

Desayunos escolares

No sé si antes fue mejor, pero sí diferente. Por los años 60, el recién creado Instituto nacional de Protección a la Infancia (INPI), en el sexenio de Adolfo López Mateos –creador del plan de 11 años de la educación que incluyó la creación de los Libros de Texto Gratuitos– repartía en las primarias desayunos escolares todos los días.

La cuota semanal era de un peso, o 20 centavos si los alumnos lo compraban cada día. Eran realmente nutritivos: un cuarto de litro de leche en envase tetrapak (los viernes era malteada), un sándwich de jamón o de crema de cacahuate, pan dulce, fruta de la estación (por lo general plátano) y una gelatina.
Quienes acudíamos a la primaria en el turno vespertino escuchábamos poco antes del recreo la llegada del camión trayendo los “desayunos” que prácticamente devorábamos a la hora del recreo en el salón para luego tener tiempo de jugar con los compañeros.

El INPI continuó esa labor por varios años, pero también ofreció servicios de guarderías, jardín de niños, orientación nutricional, dispensario, banco de leche y centros de rehabilitación para personas con discapacidad. En 1975, cambió de nombre por el de Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia y dos años más tarde se fusionó con el Instituto Mexicano de Asistencia para la Niñez –el IMAN– para dar paso al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 1999.

¿Cómo se fue echando por la borda todo este esfuerzo por la educación y la nutrición de la niñez mexicana?