Morena, el partido en el poder, quiere lograr y alcanzar el control político e institucional conseguido por el PRI en más de setenta años de gobierno, pero a través de decretos y leyes. En estas semanas se han manifestado dos ejemplos muy claros:

El primero se trata de las reformas a leyes orgánicas a las universidades autónomas en diferentes entidades del país, como las del Estado de México y la de Baja California Sur. La justificación es la intención de democratizar los procesos de elección de las autoridades universitarias, por medio de “consejos electorales” que regulen estos mecanismos. Asimismo, pretenden “combatir la corrupción” y transparentar las finanzas de estas instituciones a través de contralores que vigilen los movimientos dentro de las universidades. Estas medidas son consideradas atentados a las autonomías de los centros de educación superior y ya han provocado la reacción de los principales rectores del país, entre ellos el de la Universidad Autónoma de Yucatán, quienes temen que esto apenas sea el inicio de la pérdida gradual de la autonomía e independencia concedidas por las leyes orgánicas y reconocidas en la Constitución Federal.

El autor de estas líneas considera que la autonomía universitaria debe conservarse a toda costa y ser inviolable; tanto la libertad de cátedra como de administración del patrimonio son características invaluables de una institución social, pues de esta manera se asegura una educación objetiva y apartada de todo dogma o interés estatal. Sin embargo, también cabría analizar si la falta de transparencia en sus finanzas y la carencia de procesos verdaderamente democráticos para elegir a las autoridades no motiva o pretexta estas iniciativas de ley que podrían dañar a las universidades públicas.

El segundo ejemplo consiste en la iniciativa presentada por Ricardo Monreal, senador por Morena, que pretende aumentar cinco ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para pasar de 11 a 16 juzgadores del Máximo Tribunal. La justificación en este caso es que se quiere crear una “sala anticorrupción”, para que ésta –exclusivamente- conozca en última instancia de juicios y recursos relativos a temas de corrupción. Por todos lados la iniciativa es inútil e innecesaria: las salas existentes en la SCJN pueden actualmente resolver asuntos de toda naturaleza, además de que no tiene sentido que solo unos ministros conozcan de una materia. Tampoco se explica que se pretenda crear esta sala sin haber nombrado antes a los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya responsabilidad recae en el presidente de la República.

Todo apunta a que Morena persigue en realidad expandir su influencia en el Poder Judicial Federal.

Para 2021 y, de aprobar esta Reforma Constitucional, el partido oficialista habrá colocado a la mitad de los 16 ministros de la Corte, consolidando su fuerza en los tres poderes del Estado mexicano.

No hagas cosas buenas que parezcan malas.