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El presidente Andrés Manuel López Obrador concretó esta semana una de sus promesas con que incentivó el voto de 30 millones: acabar, por ley, con fiestas, viajes y opulencias que caracterizaban al ejercicio público. Con la recién aprobada Ley Federal de Austeridad Republicana, se pretende, además, combatir el desvío de recursos, el tráfico de influencias, fiestas y viajes sin sentido de funcionarios en los tres niveles de gobierno.

La norma es un amplio abanico de restricciones, cito tres artículos: el 5 establece que se reducen en 50 por ciento las retribuciones o remuneraciones a funcionarios públicos, desde director de área y homólogos, con niveles LC3 al GA1; el 6, que no se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias para los servidores públicos, y el 11 prohíbe toda aprobación, reajuste y/o incremento de remuneraciones, escalas remunerativas, bonificaciones, asignaciones y beneficios de toda índole, cualquiera que sea su modalidad o fuente de financiamiento.

Legalmente no hay margen de maniobra para que funcionarios de primer nivel tengan una retribución extraordinaria por la responsabilidad de sus puestos, como debe ser justo. Si esta ley de austeridad impacta en el ámbito civil, imagínense cómo habrá caído en las fuerzas armadas, donde los incentivos son parte fundamental de su estructura y se dan de muy diversas formas: ascensos, mejores cargos y comisiones, mandos medios y superiores. Todos implican remuneraciones extras, pues, además de asignaciones de técnico y de vuelo, entre otros, había bonos e incentivos y, eventualmente, el “extra” de final del sexenio.

Todo en justa retribución para quienes, tras años de servicios, formación, paso por escuelas, etc., eran nombrados para ejercer los diferentes cargos y mandos en el Ejército o la Marina; y también en el medio civil, porque la burocracia, la de carrera, requiere preparación, a menos que sea un cargo político, dicho esto sin ironizar.

¿Qué sucederá con la burocracia de carrera con esta ley que desincentiva la competencia para lograr buenos puestos en la función pública? ¿Cuál será el aliciente para pasar, por ejemplo, de jefe de departamento a director de área? ¿Querrá algún funcionario ascender cuando solo tendrá un pequeño aumento salarial, y topado? Porque al no haber incentivos para trabajar mejor y ser más productivos, se corre el riesgo de tener servidores públicos mediocres y un gobierno ineficiente.

Y en el aspecto castrense, hace algunos años se dio un fenómeno en Argentina, donde, por falta de estímulos y bajos salarios y otras razones, las fuerzas armadas y de seguridad perdieron muchos integrantes valiosos, frecuentemente a los mejores y más inquietos, en su mejor momento profesional. Esperemos que esto no suceda en nuestro país.

Es cierto que se abusó del uso particular de automóviles y aeronaves oficiales, de viajes por supuestas comisiones que en realidad eran de placer, del pago de viáticos hasta para familiares, de fiestas y regalos con cargo al erario, de poner en nómina a familia y amigos; pero no deben desaparecer los incentivos, aunque siempre habrá un resquicio para que esto continúe, porque “lo legal no siempre es justo”, ya lo dijo el presidente.

Anexo “1”

Los argumentos de AMLO

En Plan Nacional de Desarrollo 2019-204, entregado el pasado martes a la Cámara de Diputados, se señala: "El gobierno federal actual está decidido a eliminar los privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y medio y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipo de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes, y a los viajes sin sentido".

El PND detalla que únicamente los titulares de las secretarías de Estado podrán de disponer de vehículos y chofer, y sólo se asignarán escoltas a aquellos funcionarios que por naturaleza de su trabajo requieran de medidas de seguridad. "Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición", indica el plan.