Un año más sin justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, para los asesinados esa fatídica noche-madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, y sin una forma real de consuelo para las familias que incansablemente han mantenido la esperanza de conocer la verdad. Siete años de un dolor inimaginable que golpea con tal fuerza las entrañas más profundas de nuestra nación que obliga a cuestionar todas las estructuras de poder, la complicidad sistémica entre políticos, gobernantes y funcionarios (actuales y pasados), así como los silencios cómplices de instituciones como el Ejército y las corporaciones policiacas.

La “verdad histórica” divulgada por el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y avalada por el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha quedado desmantelada sin tanto esfuerzo, si ya desde su divulgación resultaba ser un grotesco intento de manipulación mediática y una burla inmoral (razón suficiente para ser enjuiciados), ahora los avances en la investigación efectuados por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Información para el Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, han logrado dar algo de luz sobre algunos aspectos que revelan la distorsión intencionada de la información efectuada por un sinfín de funcionarios corruptos que colaboraron con esa gran mentira que quisieron usar como “verdad”, y sobre la participación directa de intelectuales de la derecha y medios de comunicación vendidos que apoyaron y replicaron lo dicho entonces, volviéndose así participes de la gran mentira del poder. Pero ojo, los actuales avances no llegan a la médula del asunto y pueden convertirse en una nueva “verdad” que oculte y proteja a las cúpulas implicadas, sirviendo para restar responsabilidad al Estado por este crimen de lesa humanidad.

Hace unos días se anunció que las investigaciones incluirán a peritos vinculados con los procesos anteriores de indagación, lo cual podría aportar algunos elementos, pero es muy cuestionable que hasta la fecha las estructuras militares no hayan sido impugnadas y realmente inquiridas, el pacto de poder entre la Secretaría de la Defensa Nacional y los diferentes gobiernos impide el avance sobre elementos fundamentales para conocer la verdad, pues tras siete años la espiral comienza a dar una nueva vuelta de la cual nunca saldremos hasta que realmente se ponga fin a la impunidad sistémica. Ya hemos dicho en otros momentos que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la posibilidad de revertir la continua impunidad y puede romper el pacto de poder que silencia la verdad, o de lo contrario, simplemente sumarse a la larga lista de gobernantes cómplices de los tan recurrentes crímenes de Estado en México.

La “buena voluntad” y los lamentos públicos no nos darán respuesta a la necesidad de la verdad. Ayotzinapa es una herida muy profunda por la clara participación de las estructuras del poder, por la corrupción e impunidad, por la vinculación estructural del gobierno con el crimen organizado, porque duele la vileza y sus formas extendidas usadas tantas veces contra nuestro pueblo, porque se acumulan las horas, los días y los años, porque: ¡Ya no queremos seguir contando años, queremos justicia!