En el sexenio de Felipe Calderón se instituyó un peculiar concurso: identificar el trámite más inútil. Para ello se instruyó a la Secretaría de la Función Pública (que entonces sí servía para algo) para que, en coordinación con Transparencia Mexicana, preguntara a empresarios, consumidores y contribuyentes cuál era el trámite más engorroso y más inútil del gobierno federal.

En el marco del Programa de Mejora de la Gestión, la administración del panista quería “ponerse en los zapatos” del ciudadano, para ofrecerle mejores servicios públicos, pues era (es) frecuente escuchar quejas por la cantidad de tiempo y documentos que se requieren para realizar algún trámite, por más simple que sea, lo cual lleva casi siempre a pagar sobornos o utilizar a los llamados “coyotes”.

Fue una buena intención, como muchas de los gobiernos, pero lamentablemente se dejan en el olvido y, como suele suceder, se agrava el problema que se pretendía abatir, pues incluso ahora que los tres niveles de gobierno tienen portales, aplicaciones y un sinfín de canales de comunicación a través de internet, la tramitología sigue haciendo de las suyas, para beneplácito de los “burócratas virtuales” que se regodean con ponerle trabas al ciudadano en lugar de facilitarle los medios para: hacer una aclaración, acceder a información, solicitar un documento, gestionar un permiso, hacer una cita (saludos, SAT) o pagar un impuesto, obtener un permiso o hacer una contribución.

En esos sitios web hay “chats”, orientación en línea, asistencia por internet, correos institucionales, buzones, etc. Pruebe con cualquiera de ellos, de cualquier dependencia; siga todos y cada uno de los pasos que le piden y le apuesto a que nunca obtendrá a su entera satisfacción lo que busca. Cuando mucho, se le direccionará a otra página u otra dependencia, no sin antes haberle pedido sus generales y varios datos que, en la mayoría de los casos, obran en poder de la oficina que contacta.

¿Y qué decir de los que “orientan” vía telefónica o por chats? Una vez que logra contactarlos (si tiene suerte y luego de escuchar mensajes institucionales, eslogans y hasta la pieza Poeta y Campesino de Von Suppé), se dará cuenta de que es tal su indolencia que usted perderá la paciencia tratando de hacerle entender a su interlocutor lo que requiere. Estoy seguro que sin estos “orientadores” se ahorraría mucho dinero el gobierno, y nosotros, muchos dolores de cabeza.

Volviendo al concurso de la era calderonista, los ganadores de entre más de 21 mil propuestas fueron: un trámite vinculado con el surtimiento y entrega de medicamento en el IMSS; trámites vinculados con el juicio de aclaración de un acta de nacimiento en el entonces Distrito Federal, y el trámite de constancia de residencia, en Toluca, Edomex. Existían en ese sexenio alrededor de cinco mil trámites burocráticos y la meta era reducirlos a tres mil.

Anexo “1”

Ventiladores y pantallas

En el contexto de la excesiva tramitología por parte del gobierno, no podemos soslayar el hecho de que, cuando se quiere, se pasan por alto trámites, normas y hasta la ley. Damos dos ejemplos: La empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez (hijo del titular de la CFE), obtuvo un contrato por 31 millones de pesos para vender 20 ventiladores respiratorios al IMSS. Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, el precio más alto desde que se declaró la emergencia por Covid-19, de acuerdo con una revisión realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El contrato fue asignado el 17 de abril, el mismo día en que el IMSS Hidalgo pagó 880 mil pesos a otro proveedor, Conduit Life, por un ventilador de similares características, pero importado de Eslovaquia. Este hecho ya fue denunciado, pero seguramente no se hara nada por la relación Bartlett Díaz-AMLO, con lo que se olvida el dicho: "Si no es ilegal, es inmoral".

Otro caso: En 2014, la Secretaría de Marina solicitó al Congreso recursos para adquirir diez pantallas destinadas a sus clubes navales, bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que en realidad la dependencia compró 86 pantallas con sobreprecio (en promedio cada una por 24 mil pesos), mediante adjudicaciones directas, sin estudios de mercado y dos meses antes de que incluso se formalizaran los pedidos. Es un ejemplo del cúmulo de anomalías que la ASF encontró al revisar bienes adquiridos por la Semar en ese año, y de lo que ya hemos comentado.