No cabe duda que a la Secretaría de Educación Pública (SEP) le llueve sobre mojado, además de ver recortado su presupuesto en un 75 por ciento, lo que originó la cancelación y recorte de algunos de sus programas, ahora, con el eventual regreso a clases presenciales en agosto, más de 240 mil maestros están en condición de riesgo ante el Covid-19 por ser mayores de 60 años o padecer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad o cáncer y que representan la sexta parte de los cerca de 1.5 millones de docentes que no deberían regresar a las aulas por el riesgo de perder la vida. La interrogante es qué hacer con ellos, pues no podrían estar frente al grupo cuando el semáforo esté en verde, según lo expresó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, después de escuchar la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que realizó una encuesta nacional para conocer el estado de salud y laboral del magisterio de los diferentes niveles de educación básica a los que la autoridad educativa prometió no poner en riesgo su salud.

Los problemas por el recorte presupuestal al sector salud también alcanzaron a la SEP, pues esta dependencia no cuenta con un presupuesto “extra” destinado a contratar maestros interinos, y mucho menos los institutos de seguridad social podrían adelantar jubilaciones, además se deben acondicionar miles de escuelas que no tienen la infraestructura necesaria para garantizar seguridad y sana distancia a maestros y alumnos para el próximo ciclo escolar; se viene un problema mayúsculo que no podrán afrontar de seguir paralizada la actividad económica del país. Aunque la intención de proteger la vida de un grupo vulnerable de docentes es de reconocerse, algunos líderes de otras agrupaciones magisteriales, como el Sindicato para los Trabajadores de la Educación (STE) y Maestros por México, han externado su inquietud y dudas ante el silencio de la SEP sobre la emisión de un acuerdo que brinde solución a esta problemática, ya que no ha habido información suficiente y clara de qué ocurrirá con los docentes en esta condición. Urge hacer un diagnóstico general que incluya también a maestros de escuelas privadas y universidades y con ello diseñar políticas que no afecten los derechos laborales de los docentes en situación de riesgo. Se habla de la pretensión de ofrecerles un bono y con ello animarlos a jubilarse, pero ¿de dónde saldrían los recursos para ello?

Se ve muy lejos que las clases regresen completamente a la normalidad y se propone que los docentes en riesgo se mantengan en esquemas a distancia para reducir el peligro, además de las medidas necesarias con diferentes estrategias como comunicación con los alumnos por medio de WhatsApp, redes sociales y periódicos murales para dar continuidad a los planes y programas de estudio del próximo ciclo escolar.