La presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 en el sector educativo no fue diferente a los dos últimos años, ya que, por tercera ocasión consecutiva, se ha visto recortado como desde 2018. Aunque el nuevo presupuesto destinado a educación básica pretende un recorte equivalente a mil 641 millones de pesos (un 3 por ciento respecto al ejercido en este año) al pasar de 51 mil 380 a 49 mil 739 mdp, las reducciones y recortes afectarán fuertemente a la inclusión, a la formación docente y a la educación inicial. Incomprensiblemente las partidas previstas en el rubro de educación pública contradicen el discurso del propio secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, además de los compromisos y metas de una educación de excelencia y pertinencia previstas en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024.

De aprobarse tal como fue planteado, el próximo presupuesto educativo será insuficiente y dejará a millones de niñas, niños y jóvenes muy atrás en su aprendizaje, en sus derechos a una educación de calidad y en sus oportunidades de desarrollo, sobre todo aquellos más desprotegidos, pues el recorte de varios programas esenciales de apoyo les impedirá que logren los aprendizajes significativos, dejando ver un escenario preocupante para la transformación del proyecto educativo de la cuarta transformación.

El primer embate será para el aprendizaje incluyente, al desaparecer el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC). Este maltrecho programa beneficiaba a 3.6 millones de alumnos en 27 mil 63 escuelas en el país, con la atención prioritaria a la población vulnerable, en donde ambos padres tienen actividades laborales o en contextos de riesgo social, de bajos niveles de logro educativo o altos índices de abandono escolar, pues el 70 por ciento de esas escuelas son indígenas y rurales que ofrecían servicio de alimentación a más de 1.4 millones de niños que se encuentran en condición de pobreza extrema, afectándolos directamente al disminuir las horas de clases que recibían. Igualmente, los maestros de estas escuelas también verán afectados sus ingresos y expectativas con la disminución de las compensaciones económicas.

El siguiente golpe contradictorio será desaparecer el Programa Nacional de Convivencia Escolar, enfocado y desarrollado para aquellas escuelas ubicadas en zonas con alto nivel de violencia social. En estos días, el alto índice de violencia comunitaria en todo el país se identifica directamente como un factor que contribuye a la desigualdad social, por lo que es necesario darle continuidad a un programa que fue implementado en gran medida en más de 25 mil escuelas de todo el país, donde se observó una mejoría en la convivencia en el aula y la familiar. El discurso oficial de apoyo a las comunidades con mayor rezago y vulnerabilidad no es compatible con la desaparición de un programa que trae mucho beneficio social (Continuará).