Muy contundentes sonaron las palabras de Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, cuando lanzó la amenaza de regresar a las clases presenciales el próximo lunes 1 de marzo con o sin el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de los secretarios de Educación en las entidades federativas. Parece que las pérdidas económicas a falta del pago de cuotas escolares, que se calculan en alrededor de un 42 por ciento de su matrícula, pesan más que la medida impuesta por el gobierno federal, al cerrar colegios desde el año pasado, para evitar y prevenir la diseminación del virus SARS-CoV-2.

Éste es el tercer intento por regresar a las aulas después de los dos anteriores fallidos, el primero hecho por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, cuando anunció el regreso a clases presenciales para el 25 de enero pasado y que luego lo pospuso al 12 de agosto próximo si la pandemia lo permite, y el segundo cuando el presidente López Obrador presionó al gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, para vacunar a sus maestros y reabrir las escuelas lo más pronto posible.

Los colegios particulares quieren entablar el diálogo para diseñar un plan en conjunto y no verse en la necesidad de interponer amparos, juicios de nulidad o administrativos para garantizar sus derechos a impartir educación. Ellos argumentan que tienen al menos un 65 por ciento de padres de familia que están de acuerdo con que sus hijos regresen a las clases presenciales ante los múltiples problemas que ocasiona la educación a distancia, ya que el cierre de las escuelas físicas para migrarlas al internet “fue una ocurrencia y arbitrariedad hecha por el Gobierno”.

Denuncian presiones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la imposición de multas, sanciones y hasta embargos cuando no tienen ingresos. Igualmente se vieron en la necesidad de despedir a más de 200 mil maestros y trabajadores, cerrar unas 10 mil escuelas, dejando en riesgo a 20 mil más de un aproximado de 48 mil centros educativos privados que van desde el nivel de preescolar hasta el nivel superior que en conjunto atendían a cerca de 5.5 millones de estudiantes del sector privado.

Llama la atención cuando expresan que “abrirían aun sin el reconocimiento y aun contra la Secretaría de Educación, porque el estado de derecho está de nuestra parte y lo vamos a hacer valer a través de los juicios que podemos usar, que es el del amparo, juicios de nulidad o administrativo, pero ya veremos en qué condiciones vienen las arbitrariedades de estas autoridades, pero de que abrimos, abrimos”, sin embargo, son incongruentes, pues no mencionan en ningún momento que aplicarían la vacuna a todo su personal docente y empleados administrativos para evitar los contagios dentro de las aulas donde atenderían a los alumnos; parece que las medidas sanitarias no les importan cuando se trabaja con seres humanos, especialmente con niños. Las escuelas sólo abrirán con semáforo verde y punto.