No quisiera uno ponerse en plan de amargado, pero le pasa cuando lee (Milenio Novedades, 23-abril-17) que el Instituto Nacional de Antropología e Historia conoce de afectaciones a 63 edificios “considerados de valor arquitectónico” o artístico en el centro de Mérida y que, no obstante, ninguno de quienes han causado esos daños ha comparecido ante la justicia.

Lo mismo pasa cuando lee que el Ayuntamiento de Mérida, ante la falta de cooperación de dueños de construcciones en el Centro Histórico –el segundo más grande de México, se afanan en pregonar- ha decidido invertir 10 millones “de recursos propios” (que no son “propios” sino de los ciudadanos) para mejorar las fachadas de esos inmuebles.

Siempre he pensado que no es justo que nosotros paguemos los beneficios de desidiosos casatenientes (muchos de ellos herederos de millonarias fortunas de quienes en siglos pasados habitaron esos predios) y que debería existir una forma de coaccionarlos para que se hagan cargo de sus propiedades, ya que no son capaces de entender que si les dan mantenimiento y los preservan pueden ser incluso fuente de ganancias para ellos, hoy más que nunca gracias a que Yucatán está de moda en el turismo. Y la restauración no puede quedarse en la fachada, porque de poco sirve si lo de dentro está en ruinas.

Alguien podría replicar que se trata de un bien cultural de la ciudad y no le faltaría razón, pero nadie se beneficia más que los propios dueños y éstos debieran ser los primeros interesados en su preservación o ser obligados a ello si no entienden por las buenas.

Respecto al INAH, todos se quejan de que muchas veces lo único que hace es poner obstáculos “al progreso” y apostar por la inmovilidad. Creo que tendría que haber un poco más de acción positiva y ser flexibles cuando haya que serlo e inflexibles cuando la situación lo amerite. La denuncia no puede quedarse en las páginas del periódico. Tiene que llegar a la autoridad que puede sancionar la falta.