El problema del transporte urbano no puede ser ajeno a nadie en Mérida: ni a quienes pueden pagar los altos precios de la gasolina y usar su auto hasta para ir a la esquina, ni a los empleadores de los miles de asalariados que padecen el servicio –con camiones destartalados, en medio del hacinamiento y con largas esperas en la madrugada, al mediodía y en la noche (no muy noche porque a las 10:30 p.m. a más tardar ya no hay)- y menos al gobierno del Estado que es el que expide las concesiones y tiene la obligación de que el servicio se otorgue oportuna y eficazmente.

Los concesionarios quizá tengan razón cuando dicen que en las circunstancias actuales les es imposible mantener las tarifas autorizadas y que ya tienen cinco años sin moverse, pero su problema es histórico: data desde la época en que fueron instrumento eficaz para el partido único, a cambio de lo cual obtuvieron privilegios que los convirtieron en un virtual oligopolio. Sin embargo, cometieron el pecado de pensar que las cosas nunca cambiarían, no se ocuparon en una verdadera modernización del servicio y sus demandas se limitaban periódicamente a exigir un alza de tarifas y ofrecer una siempre aplazada mejora de sus vehículos. Hoy pagan las consecuencias de ese pecado de imprevisión. No supieron ser empresas rentables sino que permanecieron cómodamente enchufados a las ubres del sistema.

Pero quien más responsabilidad tiene es el gobierno que no supo cumplir cabalmente la obligación de verificar que las empresas camioneras estén en aptitud –como pide la ley- de otorgar el servicio en condiciones adecuadas y con la oportunidad y eficiencia que debe tener cualquier servicio público, más uno de la importancia del transporte que es arteria vital para el funcionamiento de la ciudad.

Lo más fácil es pedir un alza y renovar la incumplida promesa de mejoría, de una parte, y montarse en la negativa a subir, de la otra, alegando (con razones “populares”) que sería un golpe demoledor a la maltratada economía de la población más pobre.

Se trata de un nudo gordiano y desatarlo es, en primera instancia, deber de la autoridad que no puede hacer a un lado las necesidades de los transportistas, pero tampoco puede clavar otra puñalada a los más pobres concediendo un alza que, de todos modos, poco solucionaría. Uay, ta dura la cosa.