La inversión en infraestructura energética es la piedra angular para un país que pretende un mayor crecimiento económico y social; para lograrlo, en la mayoría de ellos y principalmente en los denominados del primer mundo, la inversión en el sector de energía proviene de la iniciativa privada, dejando a los gobiernos como vigilantes del mercado y controlando los permisos y costos del suministro de energía, diríamos que asumen el arbitraje y le permiten al capital privado acelerar el ritmo de ampliación de su infraestructura.

En nuestro país, el sexenio pasado, los legisladores modificaron las leyes para permitir que los empresarios invirtieran en la producción de energía, las ecológicas en sus distintas modalidades: la fotovoltaica, la eólica y la hidrológica y de ese modo cumplir con los compromisos internacionales en materia de energía limpia que no agreda el medio ambiente y manteniendo la distribución del fluido en control del Estado por medio de la CFE, garantizando así la rectoría del Estado.

Con el nuevo gobierno se anunció que se modificaría el marco legal y las razones expresadas por el presidente son que con la ley se privilegia al sector privado con contratos leoninos y actos de corrupción que encarecen la energía y arruinan a la CFE, además de poner en riesgo la soberanía energética. Esos fueron los argumentos del gobierno para que en tiempo récord se modificara el marco legal retornando el control total a la CFE en ese sector; esta semana el Senado de la República ha aprobado esta nueva ley, que entrará en vigor cuando se publique en el diario oficial.

Las opiniones de especialistas en este sector difieren de los argumentos del gobierno por varias razones, la más importante sería el capital a invertir, pues la caja del gobierno está muy limitada y la magnitud de la inversión necesaria en producción de energía es muy superior a la que podemos disponer del presupuesto federal y no podrá estar al ritmo de los requerimientos.

Otro argumento es por el lado ambiental: poner a la CFE a producir energía con combustóleo o carbón es atentar aún más contra el medio ambiente y calentar más el clima de nuestro planeta.

Un tema inmediato es atender el caudal de demandas de quienes, amparados en contratos con el gobierno, ven afectados sus ingresos y los acuerdos de compra de los parques que actualmente están produciendo y vendiendo a la CFE o abasteciendo a la industria utilizando la red del gobierno, quienes al plantear este alud de demandas argumentan incluso que se viola parte del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Todos coinciden en que los pronósticos son desalentadores para el futuro inmediato… sin energía nadie va al baile. Con la nueva ley se pondrá a prueba la cuarta transformación, los resultados de sus cambios pronto nos darán noticias; por el bien de todos espero que AMLO no esté equivocado.