La trayectoria histórica de la democracia en México ha atravesado por distintos periodos significativos en los que se identifica la lucha permanente del pueblo contra las fuerzas políticas que han ido surgiendo como respuesta a los intereses colectivos y particulares, la transición del poder permite identificar a los ciudadanos por su experiencia de vida, las etapas y sexenios, así como las acciones ejercidas por los tres poderes durante sus administraciones, sobre todo, para reflexionar sobre aquellas decisiones que han generado conmoción social por la gravedad de los resultados y la contrariedad que implica justificar las resoluciones dadas por los agentes políticos.

Indiscutiblemente si algo podemos poner sobre la mesa y estaremos de acuerdo es la creciente corrupción de la vida política y pública. Fenómeno que en los últimos sexenios se toleró y se institucionalizó promoviendo la decadencia del sistema para beneficio de la oligarquía capitalista. El enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, sobornos, represión, desvío de recursos públicos y la violación de los derechos humanos, son sólo la punta del iceberg que se ha logrado revelar, y es indignante descubrir que la indiferencia y el ocultamiento de estos hechos no conmueven lo suficiente para exigir el fin de la impunidad, por lo que se hace necesario que el derecho de “Todos somos iguales ante la ley” se haga válido, no sólo por el hecho de los actos cometidos sino por las consecuencias que trascienden a la sociedad, afectando a los individuos directa e indirectamente.

Por ello resulta necesario mencionar los hechos más miserables efectuados por los poderes del ejecutivo que deberían esclarecerse por la justicia social, que cronológicamente en los últimos cinco sexenios se llevó a cabo: la entrega de las empresas estatales para favorecer a vínculos personales; la estafa del Fobaproa, quiebra privada que seguirá pagando el sistema público; la guerra contra el narcotráfico que desató la violencia en el país y provocó la ocupación de tierras por estos grupos agudizando la inseguridad; también la dolorosa desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en donde las fuerzas militares y estatales estuvieron involucradas en la represión y sin que hasta el día de hoy se juzgue a los culpables.

Sin lugar a dudas todos estos hechos han ido acompañados del encubrimiento de un círculo de corrupción gestado en las entrañas del Estado democrático, por este motivo se hace relevante la primera Consulta Popular para el esclarecimiento de las decisiones que no han sido sometidas a investigación, por lo que podemos no estar de acuerdo con el origen de la iniciativa, sin embargo, en estos tiempos en donde es necesario para la cultura democrática dejar de creer que la justicia es inalcanzable y que también tenemos derecho a la verdad y a la transparencia de todas las acciones tomadas por nuestros representantes políticos, por el momento no encuentro otro ejercicio más viable que el voto sí y que sean sometidos a juicio y que la ley determine su culpabilidad o no, y que se haga justicia a la víctimas.