El pasado 12 de agosto se realizó la LIII Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), presidida por la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, y los representantes de los 32 estados del país, el objetivo fue determinar las líneas de acción y acuerdos para el retorno presencial y seguro el próximo 30 de agosto. Entre las medidas acordadas se dispuso realizar al inicio del ciclo escolar 2021-2022, un periodo de valoración diagnóstica y establecer el proyecto de reforzamiento de aprendizajes con el motivo de identificar a la población estudiantil en riesgo de ausentismo y abandono escolar, asimismo se definió el plan de seguridad, salud e higiene requerido para salvaguardar a la comunidad educativa, así como la creación de Comités participativos de salud escolar complementado con la corresponsabilidad de tutores, madres y padres de familia a través de la carta compromiso de asistencia voluntaria, igualmente se retomó la responsabilidad de continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de las tecnologías de la información procurando no abandonar a la población de alta marginación. 

Las resoluciones de dicha reunión fueron bien recibidas por las autoridades de las instituciones educativas, mas no fue así por la mayoría de las maestras, maestros y personal de las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que en diversos medios manifestaron su descontento argumentando que no se resisten al regreso, sino a que al menos se procure que existan las condiciones sanitarias adecuadas y que permitan tanto a los estudiantes como a los mismos centrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje y no en las medidas de higiene que deberán cuidar antes, durante y después de las horas de clases para evitar contagios, agregando también que a dos semanas de arrancar con el curso escolar no se ha definido puntualmente cómo se aplicará el modelo mixto o híbrido. Aunque es justificable la propuesta ya que se adapta a las condiciones actuales de contingencia sanitaria, el modelo pedagógico se hace válido por una parte, porque se elige considerando que el derecho a la educación debe garantizarse en el acceso y la permanencia, esto quiere decir, proporcionar opciones que eviten excluir por distintas condiciones a la población estudiantil, situación que se acrecentó involuntariamente por los efectos ocasionados tras la suspensión presencial, por lo que muchos estudiantes no pudieron sostener la modalidad en línea ante la carencia de recursos materiales y tecnológicos, generando un alto porcentaje de deserción escolar. 

Por esa razón, el planteamiento de los directivos es insuficiente para los trabajadores de la educación, porque se hace inconcebible que se aplique una decisión unánime para las diferentes realidades y contextos educativos, dejando ausente el diálogo horizontal con las comunidades escolares que podrían sumar iniciativas para beneficio del retorno a la normalidad educativa.