Cuando el 12 de este mes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó una iniciativa legal para reformar el Poder Judicial, era difícil estar en contra de los objetivos sustanciales que planteó, como combatir la corrupción y el nepotismo dentro de ese poder, y garantizar una eficaz aplicación de la ley.

Pero también es difícil refutar la afirmación que hizo el consejero jurídico del gobierno federal Julio Scherer, quien en el mismo evento reconoció algo que muchos mexicanos hemos estado señalando desde hace años, y que es que “el aparato judicial ha sido pervertido por décadas y que existen jueces que se han convertido en mercaderes”. “El Poder Judicial ha sido espejo complaciente de los poderosos y no siempre su obstáculo, e intereses antidemocráticos le exigen sepultar escándalos y tomar apariencias de verdades”, agregó ese funcionario.

Nuestros cuatro lectores saben que desde hace años insistimos en la necesidad de modernizar el Poder Judicial, que conserva anacronismos en sus procesos y en su relación con la ciudadanía. Se podría suponer que estaríamos felices de escuchar al presidente de la SCJN, y sí, en parte nos alegra la noticia, pero no deja de preocuparnos el peligro de que la presunta transformación sea ideada, analizada y aprobada con la ignorancia casi plena de la ciudadanía en general.

En efecto, si no hay consultas y consensos, lo más generales que se pueda, correríamos el riesgo de que las 31 entidades que integramos la República junto con la llamada Ciudad de México tengamos que seguir leyes basadas en las ideas, costumbres, opiniones, necesidades y hasta vicios de los ciudadanos que habitan el centro del país. Y hay grandes diferencias, abismales en algunos casos, entre los habitantes del ex D.F y los del resto de la nación.

Por ejemplo, el presidente de la SCJN dijo que buscarán que sea necesario solo un fallo, en lugar de los cinco actuales, para sentar jurisprudencia y obligar a que los 32 estados federados apliquen el mismo criterio para casos similares. Pero cada entidad federativa tiene una población con sus propios criterios, ideas, cultura y costumbres, y lo que para unos es, por ejemplo, homicidio con todas las agravantes, para otros puede ser el simple derecho de decidir qué hacer con “su” cuerpo y sus ideas.

El Poder Judicial tiene que ser saneado y renovado, pero no se puede ni se debe aceptar que el proceso se realice sin el consenso de los mexicanos. Ojalá que quienes impulsan el proyecto tengan la sabiduría y la paciencia necesarias para abrir la discusión a la sociedad, y que no sea como en casos ya vistos en los que nos anuncian algo que ya se decidió, se aplicó y no tiene vuelta atrás. Porque todos los mexicanos merecemos respeto y que nos tomen en cuenta, ¿no le parece a usted?