En casi 10 años que llevo utilizando las redes sociales me ha tocado ver como en diez ocasiones publicaciones en el Facebook de hombres y mujeres que suben imágenes de sus parejas descubiertas en la intimidad con otras personas. Quienes han publicado las fotografías lo hacen para exponer a los “ex” y principalmente a sus “cónyuges” a manera de venganza y lo hacen principalmente en grupos públicos de alguna página.

Además, a nivel mundial es sabido que famosas en todo el mundo han denunciado el robo y filtración de imágenes íntimas que se exhiben sin su consentimiento por portales y personas que de ese modo lucran con el cuerpo de algunas de ellas, además de causarles graves daños a su imagen.

Ante esas prácticas inmorales, el viernes pasado el Congreso del Estado aprobó de forma unánime castigar a quien amenace o revele, publique, difunda o exhiba contenido erótico, sexual o pornográfico obtenido con o sin el consentimiento de otra persona, mediante mensajes telefónicos, en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio, ley conocida como contra la pornovenganza, con sanciones que irán de seis meses a 5 años de prisión.

La reforma al Código Penal de Yucatán para sancionar delitos contra la intimidad y la imagen también establece que en caso de que el daño sea a menores de edad, la pena se incrementará hasta nueve años.

Esta reforma entrará en vigor el 1 de agosto próximo.

Yucatán se suma así a otras entidades como Chihuahua, Ciudad de México y Jalisco, que ya contaban con legislación en la materia y que abre la posibilidad de castigar a quienes cometan el delito, que “aunque muchas veces no se ve, causa un grave impacto en la vida de las personas que son víctimas”, según expresó la joven estudiante yucateca Ana Baquedano Celorio, impulsora de la reforma y quien sufrió dicha situación.

Baquedano recordó que ella padeció el escarnio social tras publicarse una imagen suya en el sitio desaparecido conocido como Yucatercos, que compartía fotos íntimas o con poca ropa de mujeres, acompañadas de sus datos personales, y que para “bajarlas” pedían dinero a las afectadas.