Con el fin de fortalecer la seguridad en Yucatán, hace un par de semanas el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen para crear la Ley de Videovigilancia en el Estado, que tiene por objeto regular la ubicación, instalación y operación de cámaras de video y sistemas para grabar o captar imágenes, así como la recopilación, sistematización, resguardo, custodia, administración, uso, suministro e intercambio de información.

El dictamen, que consta de 52 artículos, dispone que las personas tienen derecho a ser informadas acerca de los lugares en donde se realizan estas actividades (de videovigilancia) así como ejercer sus derechos de intimidad y la protección de sus datos personales.

Dicha ley obligará también a los nuevos fraccionamientos a instalar un circuito de cámaras, por lo que deberán contar con un permiso de la Secretaría de Seguridad Pública (que supongo serán controladas por la misma institución), así como el del gobierno estatal y municipal (no está bien especificado) que avale el sistema de instalación.

Entre los aspectos a destacar en dicha ley está que abre la posibilidad a la sociedad para solicitar la instalación municipal (entiendo que en todas las entidades del estado) de los dispositivos en lugares donde consideren que sea necesario incrementar la seguridad y vigilancia de calles.

Aunque se había mencionado que se iba establecer un convenio entre los sectores privado y de seguridad, en el caso de videocámaras particulares quedará a la decisión de los propietarios facilitar o no el contenido de sus grabaciones a las autoridades de seguridad, en caso de ser requeridas, aunque podrán solicitar a las instituciones policiales la conexión de sus cámaras a la red que éstas dispongan para prevenir y facilitar la reacción ante posibles delitos.

Por el contrario de lo que plantean series de televisión de gente que se siente acechada todo el tiempo, hasta ahora la percepción de la gente sobre la videovigilancia es buena y los dispositivos han demostrado un alto grado de efectividad en momentos de emitir juicios sobre infracciones a la ley.