Quien se manifiesta y alza la voz lo hace cuando la injusticia consumió sus últimas esperanzas. Las reiteradas expresiones de violencia y abuso contra las mujeres en el país y la falta de atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos graves levantan esas voces de protesta.

Grupos de mujeres alzaron la voz en solidaridad con las víctimas que no han sentido la protección del Estado hacia su derecho a vivir y tomaron y mantienen bajo control la sede de la CNDH.

Ante la prensa una de esas mujeres dijo: Pedimos una vida libre de violencia. Somos tantas las mujeres que hemos vivido violencia que estamos hartas. Hartas de no ser atendidas, de ser tratadas como limosneras. Queremos que nos vean.

Organismos defensores de los derechos humanos en el país han sufrido pintas, cristales rotos, mobiliario destruido, vehículos con graffiti, cantos y consignas. La Codhey no fue la excepción.

Coincidimos con el defensor de los derechos humanos Roberto Gargarella: La protesta social pacífica es un derecho humano que debe ejercerse sin cortapisa alguna, limitar esta forma de manifestación atenta contra la libertad de expresión, especialmente de aquellos que no tienen los recursos económicos o tecnológicos para hacerse escuchar.

En la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), conformada por organismos estatales, nos pronunciamos el 13 de septiembre pasado contra la violencia hacia las mujeres, reconociendo que las causas de dicha violencia son estructurales y que se debe reconocer el legítimo reclamo de justicia para erradicarla.

Hemos identificado patrones de violencia institucional, en los casos que recibimos en nuestra labor del día a día y consecuentemente dirigimos recomendaciones a las autoridades por la violación a los derechos humanos de las mujeres, particularmente a las que tienen a su cargo la procuración e impartición de justicia.

En nuestro trabajo desarrollamos estrategias de formación y sensibilización a funcionarios públicos para prevenir y revertir la violencia contra las mujeres y rechazamos rotundamente cualquier forma de criminalización a la legítima reacción social contra las condiciones de violencia extrema en la cotidianidad de niñas y mujeres de México.

En una sociedad plural hay distintas expresiones y tipos de manifestaciones. El ejercicio de esos derechos se fortalece en nuestra propia Constitución. Como integrante del sistema no jurisdiccional de derechos humanos sé que todas y todos los servidores públicos debemos ser asertivos, sensibles al dolor de las víctimas y sobre todo proactivos para reivindicar lo injusto.