Cuando la sede del Inegi se trasladó a Aguascalientes, mi madre, Maricarmen Ancona, expresaba un enorme escepticismo sobre el efecto descentralizador de la medida. Decía que cambiar de lugar el centro no era disolverlo, y que una auténtica descentralización tendría que consistir en que no se tuviera que acudir a ni un solo lugar para realizar un trámite. Hasta hace tres décadas, los graduados de todo el país tenían que viajar a la Ciudad de México para tramitar su cédula profesional. Hoy, por el contrario, esto se hace en cada estado y, en general, desde cada escuela, sin tener siquiera que acudir a una misma oficina. La obtención de cédulas es ya un trámite totalmente descentralizado, independientemente de que la sede nacional de la Secretaría de Educación Pública se encuentre en la capital de la República.

El traslado de la mayoría de las secretarías a los estados, decidido por López Obrador, no significa la descentralización de la administración pública. Los trámites que actualmente solo pueden llevarse a cabo en la Ciudad de México pasarían a realizarse, por ejemplo, en Ciudad Obregón, en la Secretaría de Agricultura. El cambio de sede significaría que los trámites centralizados hoy en la capital quedarían igual de centralizados, pero en Sonora, a donde tendría que acudir quien tuviera necesidad de ellos, viniendo de cualquier otro lugar del país. Esta nueva centralización, para efectos de los usuarios, resultaría aún peor que la actual, pues las condiciones económicas del país han impedido el desarrollo de redes de transporte amplias entre los estados, pasando casi todas ellas por la Ciudad de México. Trasladar los centros administrativos obligaría al usuario a viajar a la capital y de ahí a la nueva sede secretarial. En el ejemplo de las cédulas, hubiera significado que, al terminar la carrera, todos los nuevos profesionales tuvieran que viajar a Puebla. Mismo centralismo, distinta ciudad.

Ahora bien, si además del cambio de sedes se pretende que la administración pública descentralice su funcionamiento, es decir, que desaparezcan los trámites que obligan a acudir a un solo centro nacional, la distribución de las secretarías por el país carecería de sentido, pues su permanencia en la capital no estaría vinculada a la centralización de sus servicios en esa ciudad.

La descentralización se logrará cuando desde cualquier punto del país se tenga el mismo acceso a los servicios del gobierno federal, independientemente de dónde tengan sus oficinas los secretarios. Para ello, no es necesario triturar las vidas de más de un millón de familias de empleados públicos, como ilegal e injustamente ocurriría con el traslado de las secretarías.