Si de algo no nos podemos quejar en este proceso electoral es de falta de acción. Los últimos días no han sido la excepción, con el enfrentamiento entre Tricky Dicky Anaya y el Gobierno Federal, a través de la PGR. La intervención facciosa de ésta no sólo muestra las debilidades institucionales del país, sino que exhibe la actitud general, expresada hoy en una facción, de la sociedad ante la corrupción y los delitos de sus dirigentes políticos.

Desde hace meses, el tamaño del gasto y del patrimonio del dirigente panista llamaron la atención y generaron cuestionamientos en la opinión pública. La vida de magnate que proporcionaba a su familia en Atlanta, pagando colegiaturas de $40,000 y volando semanalmente en primera clase a visitarla; y el valor de las propiedades familiares que no se correspondían con los ingresos visibles del político. Finalmente, el mes pasado, Anaya fue objeto de diversas denuncias públicas y formales de participar en la compra-venta ilegal de unas bodegas, operación que le habría reportado millonarias ganancias. Estas denuncias fueron objeto de una inusitadamente veloz intervención de la PGR. Al día de hoy, los hechos reseñados han resultado en una abierta confrontación de Anaya y los partidos que lo postulan con la procuraduría y el gobierno de Peña Nieto.

La PGR ha insistido en que su participación es normal y apegada a la ley, en una explicación que a nadie convence. Distintos casos, destacadamente las acusaciones de corrupción sobre Emilio Lozoya, han sido procesados con una morosidad e ineficacia francamente contrastantes con el caso del panista. Esta actuación facciosa, sin embargo, ha sido esgrimida por los partidarios del dirigente blanquiazul como razón central para que cesen las acciones en contra del aspirante, soslayando el hecho de que su candidato no ha podido acreditar la legal procedencia del capital con el que inició las operaciones en cuestión. El reclamo fundamental es que investigar a un candidato es ilegítimo.

No es la primera vez que el PRD se ve en éstas. Ya en 2006 esgrimió argumentos semejantes en defensa de López Obrador, acusado de violar resoluciones judiciales; para los panistas, sin embargo, la exigencia de no intervención de la PGR es una novedad, entusiastas participantes que fueron de la embestida contra el tabasqueño.

Lo que en la práctica estamos viendo es el reclamo de una parte de los contendientes de que al menos su principal figura goce de fuero, es decir, que por el lugar político que ocupa no pueda ser perseguido por la comisión de delitos. Se trata de una demanda curiosa en partidos que irracionalmente han combatido el fuero constitucional, pero que hoy reclaman uno inconstitucional que, éste sí, adolecería de vías para sancionar al acusado que resultara culpable.