El antecedente mediato a las reformas constitucionales del país en materia indígena lo encontramos en el levantamiento armado de los indígenas de Los Altos de Chiapas, quienes, agrupados en el EZLN, aportaron el tema como materia de negociación a los “Acuerdos de San Andrés Larrainzar” sobre derechos y cultura indígena, los cuales fueron aprobados en 1996. Cuando todos estos eventos de reivindicación acaecían en nuestro territorio, no existían instrumentos jurídicos internacionales o nacionales que protegieran los derechos de los aborígenes.

En septiembre de 2007 fue aprobada la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esta normatividad internacional vigente obliga a los Estados a realizar reformas jurídicas y políticas que garanticen los derechos de este segmento de la población.

En teoría, esta Declaración cosecha aplausos; en la práctica, es otro monolito sin significado. A diez años de la mencionada Declaración, muy escasas son las naciones que han cumplido sus obligaciones internacionales en derechos humanos de los grupos étnicos; en la realidad la situación de los indígenas sigue siendo la misma, y en algunas latitudes la situación ha empeorado.

Publicaciones y reportes internacionales divulgan graves vulneraciones y políticas de desplazamientos y desalojos forzosos de comunidades indígenas asentadas en territorios en donde se desarrollarán megaproyectos productivos, industriales y de agricultura transgénica. La respuesta a estas agresiones ha generado un notorio activismo indígena, plasmado en organizaciones de trabajo, promoción y defensa de sus recursos naturales y derechos, que han afectado a terceros que han reaccionado de manera directa contra los liderazgos. En 2016 fue asesinada en Honduras la indígena Ienca Bertha Cáceres; en este 2017, en el Estado de Chihuahua, los grupos de poder cobraron la vida de Isidro Baldenegro, días después eliminaron a Juan José Ontiveros Ramos, rarámuris reconocidos defensores ambientalistas y de los derechos humanos indígenas. La impunidad cubre a los asesinos.

El activismo político ha llegado hasta nuestra región; un acontecimiento que tuvo escasa difusión fue el pronunciamiento de los pueblos mayas, zapotecos y yaquis, quienes el año pasado se reunieron en Hopelchén, Campeche, y entre otros puntos exigen a los órganos de gobierno que para todo proyecto, antes de su aprobación, se realicen consultas directas para generar políticas públicas que beneficien a los encuestados. Esta solicitud muestra la conciencia de autodeterminación que la población indígena ha logrado y que deberá llevarla a la autoderminación como producto a alcanzar.