Durante la pandemia causada por el Covid-19, los ciudadanos de todas las latitudes experimentaron una serie de restricciones sociales para contener el avance de este mal; entre las medidas más polémicas estuvieron el confinamiento y la prohibición de la venta de alcohol.

Miles de ciudadanos externaron su desacuerdo con dichas medidas, a las que señalaron como autoritarias, pero ante la restricción del alcohol surgió un mercado negro de la bebida que encareció el producto. A la par salieron licores adulterados que cobraron la vida de 16 ciudadanos; al tener una dudosa procedencia, las autoridades no podían monitorear su calidad.

Actualmente se debate en el Senado la iniciativa para regular el consumo de la marihuana con fines lúdicos; la iniciativa señala que se aumentará de 5 a 28 gramos la cantidad de cannabis que se pueda poseer y autoriza cultivar hasta cuatro plantas por persona. Sólo se sancionará penalmente la posesión de más de 200 gramos de cannabis, mientras que tener entre 28 y 200 gramos se saldará con una multa. Fumar marihuana sólo estará permitido en los domicilios particulares y en los locales asociados de consumo de cannabis.

Si bien dicha ley no penaliza el consumo de la marihuana, ya es el momento de que el Estado mexicano y el gobierno federal visibilicen, acepten y reconozcan a los agricultores ilícitos de la yerba. “Los agricultores que actualmente producen cannabis deben tener la opción de continuar con ese cultivo. Esto tendría dos ventajas: 1) es un incentivo para salir del mercado ilícito, lo que aumenta el potencial del mercado regulado para desplazar al primero; y 2) proporciona a los productores ya especializados en la producción y distribución de marihuana un mercado legal (y el consecuente abandono del mercado ilegal). Aun aquellos individuos condenados por delitos contra la salud no violentos y que no hayan sido condenados por vender a menores, deben poder participar en el mercado legal” (1).

Este gran mercado de la industria ilícita de la marihuana representa uno de los principales negocios de los cárteles del narcotráfico, y de acuerdo con especialistas, las ganancias que genera son superiores a los 2 mil millones de dólares anuales (AltoNivel). Si de verdad la 4t quiere combatir la corrupción que se presenta entre las fuerzas del orden y los grupos criminales, es necesario regular el mercado de gran consumo; si sólo se trata de reconocer el cultivo y consumo personales, los grupos criminales seguirán dominando e imponiendo las reglas en el gran mercado, claro está con la complicidad y permisividad de algunas autoridades.

1) La política de drogas en México: causa de una desgracia nacional. Cuadernos de trabajo del monitor del Programa de Políticas de Drogas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa González, Ernesto Zedillo Ponce de León, Fernanda Alonso Aranda.