Resulta ineludible abordar, aunque sea someramente, el gran problema que atraviesa el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, tanto porque es una gran oportunidad de que los gobernantes federal y estatal den muestra verdadera de que su lucha contra la corrupción no es fingida, como porque el conflicto afecta a miles de empleados de diversas dependencias estatales.

Como se sabe, el Isstey está amenazado con desaparecer por quiebra económica en 2021 ó 2022, lo que sería una verdadera desgracia porque dejaría sin servicios sociales, principalmente las jubilaciones o pensiones, a muchísimos trabajadores.

Entre las opiniones y testimonios de personas involucradas o interesadas en el caso de ese instituto figuran unos recientes de David Alpizar Carrillo, quien fue rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana y que se ha referido, tras investigaciones personales, al acuerdo que en su tiempo anunció la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, para pagarle al instituto todo lo que le debía el gobierno estatal. El pago se hizo con tierras del municipio de Ucú, que, según información oficial, valían 2,081 millones de pesos, aunque en realidad al parecer su valor era de solo 200 mdp, según apuntó en una entrevista para TV en Facebook el citado ex funcionario. Éste agregó que el relevo de la señora Ortega, Rolando Zapata Bello, atendió el problema y al final de su mandato informó que ya nada le debía la administración estatal al Isstey.

Este último punto queda en evidencia ante las manifestaciones de cada vez más afiliados al Isstey, que protestan porque les han dejado de pagar partes importantes de sus pensiones, y estarían en peligro de perder totalmente éstas. Y aún hay más porque, a decir del citado Alpizar, en casi un año que lleva de labores el actual gobierno estatal ha seguido aplicando el descuento de cuotas a los trabajadores del instituto, sin que esos recursos se canalicen al Isstey, complicando más la situación y llevando a éste a la orilla de la barranca.

Coincidimos con quienes subrayan la necesidad de que el asunto sea asumido plenamente por la Contraloría estatal, y que ésta haga acopio de pruebas y documentos para presentar la denuncia legal correspondiente.

En estos tiempos en que se habla de una “Cuarta transformación”, y se ponderan tanto la transparencia y la honestidad en los gobiernos, permitir la desaparición del Isstey sería un asunto muy grave, tanto por el enorme daño que se les haría a miles de trabajadores, como porque se estaría dejando evidencia de que el combate a la corrupción es solamente lema de campaña.

Las declaraciones a favor de la transparencia y contra la corrupción tienen que pasar a los hechos: el caso del Isstey puede ser una gran oportunidad de reivindicación, o de lo contrario será el último clavo al ataúd de la confianza de los ciudadanos en los gobernantes.