Sin duda que fue una sorpresa para muchos mexicanos el tono que empleó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el informe anual de actividades que presentó hace unos días. El funcionario reconoció “que la corrupción y el nepotismo han aumentado en los años recientes en el Poder Judicial de la Federación (PJF)”, y advirtió que durante su gestión no se tolerará a los servidores públicos “que anteponen sus intereses personales a los de la justicia”.

Muchos opinadores hemos señalado desde hace años que el Poder Judicial de México requiere una profunda revisión que incluya no solamente la calidad y honradez de su trabajo, sino también el ambiente laboral y externo en el que opera, y las carencias en las que tiene que ejercer la muy alta responsabilidad de impartir justicia.

“Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores, a los corruptos, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio”, expresó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

Jueces y magistrados parecen vivir en un mundo anacrónico en el que menudean las denuncias o sospechas de corrupción y nepotismo, como admitió Arturo Zaldívar, pero nadie osa meterse con esos funcionarios, que además exigen un trato propio de gente soberbia, que se creen dioses infalibles y que ven a los ciudadanos que piden justicia como sujetos molestos, despreciables y de menor “categoría” que ellos, aunque en realidad éstos son quienes pagan con sus impuestos sus por cierto jugosos salarios.

No vaya usted a solicitar respetuosamente –debería ser exigir, porque para eso están– a un juzgador que le informe o le explique por qué está atorado su caso, porque ya estuvo que usted se fastidió o lo van a fastidiar. Y no es que estemos en contra del respeto a las personas, pero personas somos todos y todos merecemos respeto.

Carecemos de pruebas a la mano –aquí no estamos acusando a nadie de tonto o indejo (Catón dixit)–, pero resulta relativamente visible cómo medianos y altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo buscan relaciones de confianza y amistad con jueces y magistrados porque saben que, ante cualquier chanchullo que les descubran, o ante la posibilidad de hacer un “negocio” con recursos públicos, necesitarán del apoyo y complicidad de integrantes del Poder Judicial para cubrir sus trapacerías, “legalizar” la apropiación de dinero público y bienes, y salvar así la advertencia muy conocida de que un político pobre es un pobre político.

La declaración del señor Zaldívar no es un conjuro mágico y el saneamiento del PJF no es tarea de un día o un año, pero esto puede ser –crucemos los dedos– el inicio de la modernización y saneamiento que desde hace muchos años necesita el Poder Judicial.