El PRI y el PRD expresaron la semana pasada su preocupación por la declarada intención del presidente Andrés López de desaparecer órganos autónomos como el INE (Instituto Nacional Electoral) y el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), con el principal objetivo de cubrir el boquete presupuestal de 200 mil millones de pesos que su gobierno ha generado desde 2019, y también, según priistas y perredistas, para centralizar aún más el poder.

No sólo al PRI y al PRD debe preocuparles esa intención del tabasqueño presidente, sino a todos los mexicanos que vemos como una gran necesidad que instituciones precisamente como el INE y el INAI trabajen de manera independiente al gobierno, cuyos actos deben monitorear para señalar cuándo el jefe del Poder Ejecutivo está infringiendo la separación de poderes, que representa la espina dorsal del sistema político, social y económico con que vivimos los mexicanos.

Todos saben que hubo que librar batallas jurídicas y sociales muy largas para que el INE, principalmente, sea la autoridad encargada de vigilar los procesos electorales, que a menudo eran manipulados por gobernantes ansiosos de conservar el poder para sí mismos o para sus protegidos. El INE y el INAI, igual que otras instituciones que ahora quiere desaparecer el presidente, costaron mucho esfuerzo, eran muy necesarias y por eso parece un despropósito, un error y un retroceso grave que ahora se les quiera eliminar.

La experiencia histórica nos muestra que un Poder Ejecutivo sin acotamientos, restricciones ni obligaciones legalmente establecidas acaba pervirtiendo el sistema político, y fomentando mayores niveles de corrupción, ese mal tan grande y temible que merece la condena inclusive del presidente López Obrador, quien sin embargo es ahora el que se ocupa de promover la supresión de esas dos instituciones, que al parecer ahora considera rémoras del tipo de progreso social que él impulsa.

No menos serio es lo que parece un intento tan abierto como grave del Poder Ejecutivo de concentrar las decisiones inherentes a la marcha y el destino del país, poniendo cada vez más bajo su férula a los poderes Legislativo y Judicial.

En fin, la declarada intención del presidente López de desaparecer decenas de instituciones, que ahora son más o menos autónomas, incluiría también el peligro de que una sola persona concentre en sí y para sí cada vez más poder, como parecería que ya está ocurriendo actualmente.

¿Recapacitará el presidente López para dar marcha atrás en esa intención? Podría ser, aunque para ello se necesitaría que tenga frente a sí a actores políticos con las suficientes fuerzas legal y moral para oponerse a que nuestro país dé un paso más hacia el abismo que representaría la concentración del poder total en una sola persona.