Causó cierto revuelo el anuncio, aún extraoficial, de que la administración federal ya alista una serie de reglamentos para que los menores de 18 años y poco más tengan la obligación de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque en la actualidad no ejerzan una actividad productiva. Precisaron que el joven que no tenga ingresos ganados con su trabajo, si bien no tendrá que pagar nada aún, quedará registrado como potencial causante.

Desde hace tiempo se viene advirtiendo que los mexicanos deberían recibir educación fiscal desde la primaria para formar en ellos la conciencia de la necesidad y obligación que tienen todos de aportar recursos para financiar el mejoramiento y el desarrollo del país.

Desgraciadamente lo que ahora practica la sociedad es la habilidad de engañar al SAT, a fin de pagarle la menor cantidad posible de impuestos, para regocijo de los malos empresarios y de los ciudadanos pervertidos (fiscalmente hablando). El efecto de esa actitud es la proliferación de profesionales de la contaduría que se vuelven expertos en burlar o engañar a las autoridades hacendarias.

Desde luego, esas maniobras de los malos empresarios requieren para realizarse del apoyo de autoridades estatales o federales (previo moche, desde luego), a menudo tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial, y a veces incluso del Legislativo.

Su servidor y otros articulistas han señalado cómo algunos integrantes de los Tres Poderes son los que maniobran para manejar de una u otra maneras los montos que se incluyen en los presupuestos anuales de la nación, generando numerosas anomalías en el ejercicio del gasto público. ¿Alguien les pide que informen con exactitud cuánto se asigna a cada rubro del gasto federal y a las entidades estatales? Este año con la pandemia amenazándonos, es casi seguro que no sabremos a dónde fueron muchos recursos federales de 2021, sobre todo luego de que eliminaron más de 100 fondos y fideicomisos bajo el argumento de la necesidad de combatir al Covid-19. El año que acaba de terminar será, casi seguro, el Año de la Opacidad.

Es pertinente apuntar aquí, para ver si algún día entra en la cabeza de todos los conciudadanos, que el dinero que malgastan los tres niveles de Gobierno viene de los bolsillos de nosotros, los ciudadanos y contribuyentes, quienes desde que Santo Dios amanece estamos pagando impuestos, por ejemplo, al comprar unas galletas para el desayuno, algún refresco o un helado, etcétera. De modo que el dinero que usted ve que se roban, malgastan o hacen como que invierten los gobiernos, tiene origen casi sagrado, pues sale de nuestros bolsillos, era para nuestras familias y nos lo quitan mediante impuestos, gravámenes, derechos y demás recursos fiscales. Así que tenemos el derecho de exigir que nos informen sobre su destino, ¿no le parece a usted?