Mi amigo David a menudo pregunta, mitad en serio, mitad en broma, que dónde acabó la Profeco, una dependencia que en algún tiempo fue muy útil para evitar abusos de comerciantes y vendedores de todo tipo, y sirvió de prototipo y modelo de otras comisiones y procuradurías.

Sin embargo, actualmente ese tipo de dependencias prácticamente no figuran en el trabajo de los tres niveles de Gobierno. Por ejemplo, pocos saben o se acuerdan de para qué servía o debía servir la Condusef, que era la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. En realidad servía muy poco para esa tarea, según nos consta en por lo menos un caso. Si alguna vez tiene oportunidad, lea el contrato que le deben entregar cuando recibe usted una tarjeta de crédito (TDC). En más de un caso las condiciones que impone el banco son leoninas y no mejoran mucho para el caso de los plásticos de débito (TDD) o de nómina.

Aquí vale la pena hablar de un meridano que aceptó una TDC que le ofreció un banco que presume de ser del norte del país. Resulta que el confiado yucateco aceptó las “grandes promociones” que iba a recibir, según le dijo una ejecutiva, si aceptaba contratar una TDC y pasar a ese banco la TDD en la cual le depositan su pensión.

En dos semanas se dio cuenta de que lo que le había prometido la ejecutiva difícilmente se lo iba a cumplir, así que decidió cancelar el plástico platinado. Los ejecutivos bancarios desde luego que se enojaron y quisieron retrasar los trámites que quería hacer el quejoso, pero éste se mantuvo firme.

Entonces surgió un detalle que revela cuán descuidadas son las dependencias creadas para vigilar a los bancos que operan en México. El cliente pagó de contado todo lo que debía en la citada tarjeta, pero quedaron en la cuenta 27 centavos que no le entregaron. Así que le pidieron esperar un par de meses para verificar que la operación ya estaba finiquitada.

Cuando el cliente regresó a confirmar la cancelación de la tarjeta le volvieron a decir que tenía que retirar los 27 centavos que quedaban en la cuenta, o de lo contrario la cancelación definitiva no procedía. Lo pasaron a una ventanilla y el pobre cajero no sabía qué hacer con el caso, pues no tenía manera de pagar los 27 centavos más un centavo que ¡oh, sorpresa!, ya había generado el remanente estancado dos meses. Finalmente, después de analizar con otro colega el asunto, el cajero le aseguró al cliente que “la tarjeta ya está cancelada, no se preocupe”.

¿Quién habrá sido el genio que ideó ese procedimiento como para desalentar a quienes quisieran deshacerse de una tarjeta de ese banco? ¿Y habrá habido una dependencia que autorizó la aplicación de un proceso tan estúpido, o perdón, tan poco práctico? No lo sabemos, pero sí sabemos que, en México, donde hay dinero fácilmente brota la corrupción.