Ya está casi lista la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y viene fuerte. El plan es que esté aprobada antes de la primera quincena de noviembre.

Hay muchas cosas que se ven interesantes en esta reforma. Tal y como se prometió, se crea (de nuevo) la Secretaría de Seguridad Pública, que será la encargada de la política nacional de seguridad y tendrá el mando de la fuerza pública federal, facultades que hasta hoy tiene la Secretaría de Gobernación.

La Secretaría de Desarrollo Social se vuelve Secretaría de Bienestar y la Sagarpa será Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Pero lo vital de esta reforma es que se robustecen ciertas ramas de la administración pública; desaparecen las oficialías mayores de las dependencias federales y en su lugar aparecen las unidades de administración y finanzas, cuyos titulares serán nombrados directamente desde la Secretaría de Hacienda.

En las unidades jurídicas de las mismas dependencias, sus cabezas serán designadas por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

Con este cambio, dos dependencias centralizan estas funciones, retirando las facultades que tendría individualmente cada secretaría. Asimismo, será la Secretaría de Hacienda la que maneje el padrón único de beneficiarios de programas sociales.

Por otro lado, los llamados “superdelegados” del nuevo gobierno adquieren legalidad, pues la reforma crea las 32 delegaciones de Programas para el Desarrollo, que estarán subordinadas al presidente de la República (no a otros secretarios de Estado) a través de la Oficina de la Presidencia de la República. Él pone, él quita.

En cuanto a las delegaciones a las que estamos acostumbrados, éstas serán transformadas en oficinas de representación, cuyo titular será designado por el secretario de la entidad respectiva, pero que no tendrán necesariamente presencia en cada estado, pues su permanencia será condicionada a un “examen de viabilidad” que debe determinar la “utilidad” de su existencia.

Esta reforma está diseñada para fortalecer y aumentar el control del presidente en el Poder Ejecutivo, modificar la estructura de la administración pública federal y concentrar facultades en 3 órganos: Hacienda, Consejería Jurídica y Oficina de Presidencia.

Se centraliza aún más el poder administrativo, se endurece, sin contravenir el Pacto Federal, como temían muchos.

Eso sí, no garantiza la austeridad, pues donde desaparecen puestos, se crean otros. No se moverá una hoja en el Gobierno Federal sin el control y consentimiento de López Obrador.