Recién se ha aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019. Esto es, la Cámara de Diputados votó mayoritariamente a favor de cómo y en qué se va a gastar el dinero de los mexicanos durante el siguiente año.

Los rubros más fortalecidos, al menos aparentemente, son educación, campo y medio ambiente, pues, gracias a la presión de la sociedad civil, universidades y diversos medios, los diputados arreglaron el “error de dedo” que recortaba el dinero a educación y cultura.

Quienes más reducciones tuvieron fueron los órganos constitucionales autónomos, figuras independientes del poder central y auxiliares importantes en el equilibrio de los sistemas democráticos.

Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral verá disminuido su presupuesto en casi mil millones de pesos.

La reducción de recursos en órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Inegi y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (que además empezará a operar con los magistrados del sistema anticorrupción, lo que debería de significar más dinero para la instancia), pone en peligro el correcto funcionamiento de los programas y actividades encomendadas a estas figuras.

La que todavía no se somete a votación, pero que ya fue presentada en la Cámara Baja, es la iniciativa que reforma y reglamenta ciertos aspectos de la Ley Federal del Trabajo.

El documento presentado por Morena plantea interesantes propuestas en lo que se refiere a democracia sindical, pues establece que las elecciones dentro de estas agrupaciones obreras tendrán que ser por voto libre, secreto y directo. Así, los sindicatos tendrán una fecha límite para reformar sus estatutos y empezar de esta manera a acabar con el sistema que mantiene a los famosos “líderes charros”.

Además, los trabajadores podrán decidir a qué sindicato quieren pertenecer, en caso de existir más de uno, y los contratos colectivos tendrán que ser aprobados por mayoría.

Finalmente, el Congreso estaría ya cumpliendo con una tarea pendiente, pues la iniciativa establece la reglamentación de la justicia laboral al ordenar al Poder Judicial la constitución de los Tribunales Laborales.

De tal manera, las Juntas de Conciliación y Arbitraje (que pasarán a llamarse Centros de Conciliación y Registro Laboral) dejarán de conocer los procedimientos laborales, siendo autoridades judiciales las nuevas encargadas del proceso.

Esto traerá seguramente una mayor certeza en los litigios, además de que tanto obreros como patrones tendrán la posibilidad de acceder a nuevos recursos que hasta ahora se limitaban casi exclusivamente al amparo. De aprobarse esta iniciativa, vi ene la consolidación real de una justicia laboral más robusta.

Extra: Personajes como la diputada Tatiana Clouthier son los que necesita Morena si quiere ser el cambio que tanto prometió. Es de las pocas voces críticas y objetivas dentro del mar de alabanzas al nuevo régimen.