No son pocas las opiniones, imágenes y noticias que circulan por diversos medios en donde se muestran largas filas de automóviles en espera de cargar gasolina, gente tirando agua en las calles para llenar sus galones con combustible (el agua parece ser menos valiosa que la magna) o manifestantes bloqueando calles en protesta por un supuesto desabasto.

Todo ello parece mostrar un descontento fuerte entre la población; sin embargo, los datos arrojados en encuestas nacionales, como las realizadas por Mitofsky o El Financiero, revelan que una gran mayoría respalda la lucha frontal contra el huachicoleo, pues casi todos los instrumentos indican cifras superiores al 88% en aprobación a las medidas tomadas por el Ejecutivo.

Sorprendentemente, es en los estados en los que no se presentan estas largas filas, compras de pánico o protestas, en donde los datos muestran mayor desaprobación a la estrategia de AMLO, aunque la población en contra sigue sin rebasar el 10%. Incluso la popularidad del presidente ha aumentado, pues estos mismos ejercicios estadísticos dan a Obrador 76 puntos de aprobación, muy superiores a los 59 que tenía el 1 de julio pasado.

Quizás entonces el problema no está en la estrategia contra el robo de combustible, sino en la forma en que tanto la Presidencia como los medios de comunicación abordan el tema.

Y es que tanta información contradictoria solo puede explicarse por el fenómeno que la origina: nunca un gobierno había hecho frente a esta vertiente del crimen organizado.

Tan solo del sexenio de Fox al de Peña Nieto, las tomas clandestinas en los ductos de Pemex crecieron 6,000%, resultando en pérdidas al erario nacional de hasta 60 mil millones de pesos, dinero que equivale al presupuesto anual de la UNAM, el IPN y la UAM juntos.

Estas pérdidas millonarias, ocurridas principalmente en el sexenio peñista, fueron las que utilizaron los partidos del Pacto por México como pretexto para aprobar la Reforma Energética en diciembre de 2013, aduciendo la baja rentabilidad de la petrolera.

Hoy vamos descubriendo, con la información otorgada por el gobierno, que la reforma permitió a no pocas gasolineras comprar combustible ilegal a un precio que rondaba los 6 pesos el litro, mientras la revendían al consumidor al precio fijado por Pemex.

Hoy, los huachicoleros se ven obligados a vender la gasolina a aproximadamente 15 pesos el litro, pues el cierre de ductos y los operativos militares han hecho más difícil el saqueo.

Si bien la comunicación del gobierno ha sido ineficaz e insuficiente al no dar información completa a la ciudadanía, la estrategia parece estar dando buenos resultados tanto económicos, como en percepción en el combate a la corrupción.

Extra: hasta la iglesia católica se ha sumado al combate al huachicol; ya protesta por la figura del “divino niño huachicolero”, patrono de los ordeñadores de ductos en Puebla y que aparece con manguera y galón.