La semana pasada, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ofreció una rueda de prensa en la que informó sobre la sanción a dos notarios y 19 escribanos, por contravenir lo establecido en la Ley del Notariado del Estado.

La información que se transmitió fue sencilla, no precisando en ningún momento por qué se sancionaba a los fedatarios, lo que en estricto sentido es correcto, pues los motivos de las sanciones las conocen solo los afectados.

Sin embargo, muchos medios de comunicación no tardaron en difundir en sus redes que se suspendía a los fedatarios por “ilícitos relacionados con la mafia inmobiliaria local”, afirmando algo de lo que, al menos hasta ese momento, no se podía tener certeza.

Sea cierto o no, tales afirmaciones no dan lugar al beneficio de la duda, son irresponsables y sí hacen señalamientos serios, aun cuando todos tienen derecho a ser considerados inocentes, salvo prueba y sentencia en contrario.

También la semana pasada, las redes sociales se inundaron de imágenes, infografías y notas en las que se condenaba a diputados y senadores porque, “supuestamente” no habían querido hacer delitos graves el feminicidio, robo a casa-habitación, abuso sexual y otros ilícitos.

Todo ocurrió porque se pretende reformar el artículo 19 constitucional, para incluir en la lista de delitos que contemplan prisión preventiva oficiosa al huachicoleo, lo cual fue aprovechado por diversos partidos para intentar meter otras conductas.

La información proporcionada por medios de comunicación –incluso una de las televisoras más grandes del país- es por demás errónea.

El feminicidio, abuso sexual y otras conductas ya son consideradas graves en los Códigos Penales, pues son delitos del fuero común, es decir, los persiguen las autoridades estatales.

Además, la prisión preventiva oficiosa debe ser considerada como la excepción y no la regla, toda vez que contravendría el principio de presunción de inocencia y el sentido de un sistema acusatorio, no inquisitivo.

En uno u otro caso, resultó sencillo para muchos portales malinterpretar hechos objetivos. Pero también para los ciudadanos nos fue fácil compartir notas leyendo solo el encabezado, sin confirmar la fuente de la que provino y sin contrastar la información que recibimos.

Es claro que hay una falta generalizada de análisis, investigación y prudencia tanto al consumir información, como al proyectarla a terceros.

Aunque un poco más tardado, siempre es mejor verificar la información que se recibe y compararla, antes de realizar un juicio de valor que, aunque parezca cosa de nada, puede tener consecuencias leves o muy graves (recordemos que una fake new costó la vida de dos personas en Puebla).

Compartir información o emitir una opinión tiene que estar acompañado de una ética que ayude a resolver problemas, no a crearlos.

Extra: una sociedad que se alegra por la desgracia ajena está condenada a su propia deshumanización.