El transporte de pasajeros ha sido uno de los temas más presentes en la agenda pública de Yucatán desde hace muchos años, pero también uno de los más desatendidos.

Sexenios han transcurrido sin que el servicio mejore para los usuarios, quienes sufren día tras día por las malas condiciones de los autobuses y colectivos que detentan las concesiones otorgadas por el Gobierno del Estado.

Año tras año escuchamos a muchos concesionarios solicitar el aumento a la tarifa para los yucatecos. Los cambios más recientes se dieron cuando el boleto para adultos subió de 6 a 7 y después a 8 pesos, manteniéndose a duras penas el costo de sectores subsidiados como estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Lo que no ha ido en aumento es la calidad de las unidades, la organización de las rutas y el profesionalismo de algunos operadores.

Los usuarios asiduos del servicio de transporte público, que en Yucatán son decenas de miles, pueden constatar el mal estado en que se encuentran los vehículos, con asientos rotos, agujeros por donde entran grandes cantidades de agua en época de lluvia o ventanas que no pueden abrirse o cerrarse.

Para no aceptar la tarifa subsidiada y cobrar 8 pesos parejo, en algunas unidades se instalan aires acondicionados que resultan ineficientes, pues los conductores suelen subir una gran cantidad de personas a los camiones, aun cuando esto no solo represente incomodidad para los usuarios, sino un peligro real por exceder su capacidad.

Además, no son pocos los reportes realizados en contra de operadores que maltratan pasajeros, no quieren llevar estudiantes o manejan por encima de los límites de velocidad permitidos para cualquier otro ciudadano.

Pero el estado lamentable de las unidades y el comportamiento de algunos operadores -no todos, hay que decirlo-, que parece haber sido cosa menor y sin importancia para los gobiernos anteriores, no es el único asunto que daña la movilidad urbana.

Las rutas establecidas han demostrado ser inviables para una ciudad en permanente crecimiento, resultando obsoleto que todo camión tenga necesariamente que llegar y tener su base en el centro, que ha sido rebasado por la cantidad de unidades que aparcan en sus calles, dañando edificios, contaminando los alrededores y dificultando el tránsito vehicular.

La solución debe pasar por un programa integral, que permita rutas variadas que ahorren a los usuarios horas en sus jornadas. Incluso podría usarse un solo boleto para llegar a un destino determinado.

El transporte público y la movilidad están estrechamente relacionados con derechos humanos como a la vivienda, al medio ambiente y a la salud, sobre todo cuando la población que usa el servicio depende del mismo para trabajar, ir a la escuela, a los hospitales o a prácticamente cualquier sitio, por lo que debe ser un tema prioritario para las autoridades, anteponiendo los intereses ciudadanos a los de concesionarios y a intereses políticos.